La Contraloría General de la República exige al alcalde de Renca, Claudio Castro, devolver los fondos públicos que la municipalidad utilizó para contratar un abogado que lo defendiera en una causa judicial.
Tras la solicitud de la exconcejala Camila Avilés (Demócratas), el organismo concluyó que esta asesoría legal no cumplía con los requisitos normativos para ser financiada con recursos del municipio, según detalló El Mercurio.
El hecho se remonta al 25 de septiembre de 2024, cuando la exconcejala acusó al jefe comunal de estar vinculado con un posible tráfico de influencias y acciones de nepotismo, por supuestamente haber favorecido a un familiar en negocios con inmobiliarias.
El dictamen de Contraloría
En el dictamen, Contraloría indicó que “no concurren los requisitos previstos en la normativa estatutaria y en la jurisprudencia citada, que permitan al alcalde ser defendido por el municipio con fondos públicos”.
Por ello, el organismo detalló que “no resultó procedente que la Municipalidad de Renca dispusiera la contratación de un abogado para que representara al alcalde en las instancias judiciales correspondientes”.
En esa línea, instruyó al municipio a dejar sin efecto dicha contratación y a requerir que “el edil restituya los montos al efecto a través de la jefatura comunal subrogante”.
La defensa de Renca
Ante esta situación, la Municipalidad de Renca defendió su posición y respondió que “tenemos la convicción de que la defensa a la que hace mención este dictamen ha sido conforme a la legislación vigente, dado que es una defensa institucional y no personal“.
El municipio argumentó su actuar con el artículo N° 88 de la Ley N° 18.883, el cual establece lo siguiente:
“Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la municipalidad a la que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”.
En ese sentido, indicaron que de no haber instruido a la municipalidad sobre esta defensa, “la jefatura comunal habría quedado desprotegida institucionalmente en el ejercicio de sus funciones, socavando a su vez la reputación de este municipio”.
Sobre el dictamen en particular, la municipalidad informó que “ha ejercido su derecho a solicitar la reconsideración a la Controlaría General de la República, cuestión aún pendiente de resolver, donde hicimos ver el cumplimiento de todos requisitos legales, tal como lo ha establecido diversa jurisprudencia”.
En ese sentido, el municipio aseguró que han “actuado en conformidad a los más altos estándares éticos y resguardando el respeto por nustra municipalidad y funcionarios”.
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