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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Municipalidad de Recoleta defendió la legalidad de la Funeraria Popular del Cementerio General ante un informe de Contraloría que cuestionaba su funcionamiento. Solicitaron a la contralora Dorothy Pérez reconsiderar su postura al no considerar argumentos jurídicos y administrativos que respaldan la iniciativa. El alcalde Fares Jadue entregó una carta explicando los motivos para mantener el servicio, regulado por la Ordenanza de Derechos Municipales y la Ley de Rentas Municipales, ofreciendo prestaciones con aranceles fijos, no bienes. Destacaron que sin esta alternativa, los altos costos de los servicios funerarios privados se mantendrían.

La Municipalidad de Recoleta defendió la legalidad de la Funeraria Popular del Cementerio General tras un informe emitido por la Contraloría General de la República, solicitando la reconsideración de su funcionamiento.

Según indicaron, el escrito no consideraría los argumentos jurídicos y administrativos que respaldan la iniciativa, por lo que solicitaron una reconsideración a la contralora general, Dorothy Pérez. Asimismo, el alcalde Fares Jadue entregó una carta explicando los argumentos municipales para mantener la iniciativa fúnebre.

Desde el municipio recalcaron que la Funeraria Popular opera como la Unidad de Servicios Funerarios del Cementerio General, y que sus funciones están reguladas por la Ordenanza de Derechos Municipales, ajustándose a la Ley de Rentas Municipales. Enfatizando que el servicio no vende bienes, sino que ofrece prestaciones con aranceles fijos.

En ese sentido, apuntaron que, sin la revisión, se permitiría que se mantengan los altos costos en los servicios funerarios privados.

“La Funeraria Popular nació como una respuesta a una sentida demanda ciudadana: garantizar una muerte digna y accesible, sin que ello signifique endeudarse o
comprometer los recursos de las familias más vulnerables, lo cual ha sido altamente valorado por las familias que han ocupado el servicio”, indicaron.

Finalmente, insistieron en que la iniciativa no tiene un motivo comercial, sino que brindar un servicio público que ponga en el centro la dignidad de las personas.