La primera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo presentado por las Defensorías Regionales Metropolitanas, con el fin de favorecer a las reclusas del penal capitalino con la disposición de un médico las 24 horas del día.
En la resolución, el tribunal de alzada ordenó la presencia de al menos un médico y personal paramédico durante todo el día, para “la evaluación y atención de las internas“.
Además, el fallo ordena de forma inmediata que el personal médico cuente con implementos e insumos en caso de atenciones de urgencia. Asimismo, la Corte de Apelaciones establece que se adecuen los protocolos en esas situaciones.
El tribunal de alzada también decidió que se oficie al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la resolución, puesto que Gendarmería depende de ese departamento de Gobierno.
Por otro lado, en el fallo también se consideraron las normas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los internos e internas, conocidas como “Reglas de Mandela“. Estas son vinculantes para el Estado chileno.
Las falencias que llevaron a presentar el recurso de amparo
En la acción acogida por la Corte de Apelaciones, se denunció que no había un médico general en el penal de la región Metropolitana. Si bien había apoyo del Cesfam Barros Luco, este respaldo solo aplicaba en caso de atenciones a internas embarazadas. Mientras que las demás reclusas solo recibían atenciones de urgencia.
También se acusó que en la cárcel de San Miguel solo había una camioneta para trasladar a las reclusas a establecimientos de salud.
Otro de los argumentos de la acción constitucional es que el penal presentaba problemas de infraestructura y falta de higiene. Lo anterior se ejemplificó con filtraciones de agua, humedad e incluso la presencia de chinches.
Por su parte, el fiscal judicial Jaime Salas, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, avaló las falencias denunciadas.
“La atención médica impartida por la enfermería del CPF a las internas ha sido un problema endémico que se ha ido agudizando de manera dramática en los últimos tres años a causa de diversos recortes presupuestarios que han incidido en diferentes ámbitos”, declaró Salas.
El fiscal judicial agrega: “Las reclusas no cuentan con las condiciones de atención mínimas de salud y los protocolos implementados resultan insuficientes para asegurar la atención médica equivalente a la que ofrece el Estado a las personas no privadas de libertad, lo que se ve agravado con la sobrepoblación penal”, complementó.
Salas indica que las situaciones han empeorado en el penal capitalino. Esta afirmación se basa en los resultados del Reporte de Visita Mensual de Cárcel de enero y febrero de 2025.
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