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En la región Metropolitana, más de 82.500 personas se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, implementado hace más de dos años para garantizar el pago de estas pensiones a través de restricciones y sanciones a los deudores. La medida, impulsada por los ministerios de Justicia y Mujer, busca presionar a los deudores a cumplir con sus responsabilidades, especialmente con un 96% de inscritos siendo hombres.
A más de dos años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la región Metropolitana registra 82.526 personas inscritas en la lista, según datos del Registro Civil e Identificación a febrero de 2025.
El registro, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, busca garantizar el pago de las pensiones de alimentos mediante restricciones y sanciones a los deudores.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes, valoró la medida y destacó la importancia de su continuidad. “Sin duda es un número alto para nuestra región, pero también da cuenta de lo necesario que fue implementar esta política pública. Permite establecer ciertas acciones en contra de los deudores para presionarlos al pago efectivo. Cabe destacar que la mayoría de los inscritos son hombres, y esta Ley los obliga a cumplir con su responsabilidad de aportar económicamente en la crianza y desarrollo de sus hijos”, señaló.
Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ana Raquel Martínez, enfatizó la necesidad de generar un cambio cultural. “Según los datos expuestos, el 96% de los inscritos en este registro son hombres. Esto grafica el nivel de abandono parental en nuestro país y cómo la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones puede ser un mecanismo seguro para saldar una deuda histórica con niñas, niños y mujeres”, afirmó.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos impone restricciones como la retención de impuestos, bloqueo de créditos y la imposibilidad de obtener licencias de conducir o pasaportes, entre otras medidas.
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