Cuatro personas que integrarían una organización criminal transnacional enfrentan un juicio oral por asociación ilícita, tráfico de migrantes, falsificación y uso malicioso de instrumento público y usurpación de identidad.

Los imputados, de nacionalidad peruana, están acusados de haber trasladado, junto con otras siete personas, a ciudadanos peruanos y ecuatorianos hasta Chile, para que obtuvieran documentación a nombre de chilenos que nacieron en el extranjero y así ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Modus operandi

Desde el 31 de marzo de 2014 los chilenos que desean viajar por negocios o turismo a Estados Unidos pueden acceder a un programa especial que les permite visitar ese país por 90 días, pero sin necesidad de solicitar una Visa. Esta iniciativa, única en Sudamérica, se llama Visa Waiver.

Ese mismo año, una organización criminal transnacional que operaba desde Perú comenzó a captar a sus propios compatriotas y ciudadanos ecuatorianos que pretendían ingresar a Norteamérica. A ellos les cobraban dinero y los trasladaban hasta Chile, donde tras instruirlos les daban una identidad con la cual debían solicitar documentos en oficinas del Registro Civil.

Dichas identidades correspondían a chilenos que nacieron en el extranjero, pero que nunca obtuvieron cédula de identidad o pasaporte en este país. Una vez suplantados sus nombres, podían aprovechar el Visa Waiver y trasladarse a Estados Unidos.

Delitos y penas

La fiscal de Alta Complejidad, Carolina Suazo, detalló que estos hechos configuran los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de migrantes reiterado, falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado reiterado y usurpación de nombre reiterado.

Los presuntos integrantes de esta organización criminal serían 11. Cuatro de ellos están enfrentando un juicio oral en nuestro país y se está a la espera de que el Estado peruano acepta la extradición de los 7 restantes.

La persecutora de la Fiscalía Centro Norte detalló además que en total hay 347 personas afectadas y agregó que contra los acusados solicitaron penas que en algunos casos llegan a los 20 años.

Hasta mayo de 2017 habría operado la organización criminal que logró recaudar 2 millones de dólares, es decir, aproximadamente $1.380 millones.

El defensor penal público, Tomás Ducci, criticó el sustento de las imputaciones, ya que para él hasta ahora no se ha comprobado la participación de sus representados.

En esta causa además actúan como querellantes el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado, quienes al ser consultados durante un receso declinaron referirse al caso.

En cuanto a la duración del juicio, algunos intervinientes proyectaron que debido a la gran cantidad de antecedentes que existen, este podría extenderse incluso hasta octubre.

Mira los antecedentes del juicio:

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)