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En el Tribunal de Garantía de Lota se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral en el caso donde un carabinero enfrenta cargos por la muerte de un individuo en Playa Blanca durante un control policial en 2020 durante el toque de queda. Según la Fiscalía, el cabo Meykolh Cáceres Matus habría disparado de forma injustificada a la víctima, causándole la muerte.

En el Tribunal de Garantía de Lota se realizó la audiencia de preparación de juicio oral en el caso donde un carabinero está acusado de dar muerte a un sujeto en Playa Blanca durante un control policial en 2020, en horario de toque de queda.

De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público, el cabo segundo de la Cuarta Comisaría de Coronel, Meykolh Cáceres Matus, al momento de los hechos, desarrollaba un procedimiento en Playa Blanca, donde unos sujetos “estaban merodeando los locales comerciales” del sector, “con aparentes intenciones de cometer el delito de robo”.

Al llegar Carabineros, los dos sujetos huyeron. No obstante, según Fiscalía, los uniformados no constataron “ningún antecedente que diera cuenta de la comisión del delito”, salvo “una infracción del toque de queda”.

Fue en ese contexto que el carabinero, tras identificarse, persiguió a los individuos, donde Maximiliano Ramírez Quiñilén de 20 años, abordó un automóvil para huir del lugar, desobedeciendo la orden policial de detenerse.

Según la acusación, el carabinero “desenfundó su arma de servicio” efectuando “sin motivo racional y a corta distancia de la víctima, un disparo”. Impactando al hombre, que falleció en el lugar por una “hemorragia interna”.

Consultado por La Radio, uno de los abogados defensores, César Ramírez, asegura que su cliente actuó “conforme al reglamento” y a fin de “salvaguardar su vida”. Asegurando que la víctima “arremetió con el vehículo” impactando al funcionario.

Pese a lo anterior, el Ministerio Público acusa al cabo segundo de “violencia innecesaria con resultado de muerte”. Pidiendo una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

“Apremios ilegítimos”

Desde los querellantes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una acusación por “apremios ilegítimos” solicitando una condena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Mientras que el abogado Andrés Cruz, quien representa a la familia de la víctima, indica que los hechos configuran el delito de homicidio simple pidiendo una pena que va desde los 12 años de cárcel.

Cabe señalar que durante el proceso se han evacuado tres informes sobre incumplimientos de medidas cautelares. Sin embargo, este último sigue con arresto domiciliario total.