Una mujer se sometió a dos tratamientos de esterilización en el Hospital Penco-Lirquén y ambos resultaron fallidos. Quedó embarazada las dos veces posteriores a las terapias, entre ellas una gestación gemelar. Por ello, demandó al Servicio de Salud Talcahuano por falta de servicio, daño moral y material por la vulneración de sus derechos reproductivos y su dignidad.
María José Vega Correa, de actuales 33 años, vive en Penco, región del Bío Bío. En 2018 ella decidió solicitar una esterilización en su Cesfam, porque tenía dos hijos y por motivos personales y económicos no quería tener más. En el proceso, la derivaron hasta el Hospital Penco-Lirquén, donde tras múltiples exámenes por un año, le revelaron su cuadro clínico antes de la esterilización: intolerancia a los métodos anticonceptivos hormonales y resistencia a la insulina.
Tras las exigencias previas, el 13 de febrero de 2019 fue intervenida en el Hospital Penco-Lirquén por el médico ginecólogo J.D.B., quien le realizó una ligadura de trompas por vía laparoscópica -procedimiento que consiste en cerrar las trompas de Falopio- y calificada por él como “exitosa”.
Según dijo María José, le explicaron que se trataba de una operación poco invasiva, que requería anestesia general y una abstinencia sexual de 50 días; además, afirmó que en ningún momento le dijeron que había un porcentaje de fallo y que el Ginecólogo le aseguró que era una operación irreversible.
“A mí en el hospital nunca me dijeron que había un porcentaje alto de que pudiera fallar la operación, o que no sé, que la operación se podía revertir, nada. A mí el médico me dijo, tienes que pensarlo bien porque esto es irreversible”, manifestó la mujer.
Lo que parecía un tratamiento definitivo, se convirtió en una pesadilla para María José. En julio de 2020, se enteró de que estaba embarazada, y no sólo eso, sino que se trataba de un embarazo gemelar. Esto suponía un grave riesgo para su salud y la obligaba a someterse a controles periódicos.
Ella no podía dar crédito a lo que le estaba pasando y cuando acudió al Ginecólogo, el profesional no supo entregarle una explicación. Pese a ello, decidió seguir adelante con el embarazo, haciendo frente a las complicaciones que le acarreaba.
Sangrado sin presencia de feto
El 13 de octubre de 2020 se realizó una ecografía, pero esta arrojó que no existía la presencia de feto. Luego, el 20 de octubre del mismo año le tomaron otra ecografía cuyos resultados mostraron un embarazo gemelar, pero aun sin presencia de feto.
En esta cadena de sucesos, el 23 de octubre se dirigió como tantas veces al Hospital Penco-Lirquén por presentar un sangrado leve. En el centro asistencial le dijeron que no era un signo de alerta, devolviéndola a su hogar con instrucciones de retorno en caso de sangrado abundante.
Al día siguiente -24 octubre- volvió de urgencia al Hospital con hemorragia por aborto retenido. La derivaron al Hospital Higueras de Talcahuano, donde le administraron Misotrol, produciéndose la pérdida de este embarazo gemelar.
María José Vega posteriormente tuvo control con el ginecólogo J.D.B., quien le señaló estar al tanto de lo sucedido, es decir, esterilización y posterior embarazo. La única explicación que le entregó era que el medicamento Metformina que estaba tomando era el que la había fertilizado nuevamente.
Así las cosas, el médico le mencionó nuevamente una esterilización, a la que ella accedió. En ese contexto y en medio de la pandemia, a la espera de un quirófano para esterilización, el profesional le recetó el medicamento hormonal Acotol. Ella le recordó que era intolerante a este tipo de tratamientos, pero el médico le afirmó que el “riesgo de embarazo era muy escaso, casi nulo”, y le dio el alta.
Nuevo embarazo en medio de tratamiento hormonal
Tras meses tomando las pastillas anticonceptivas recetadas por el Ginecólogo, el 2 de septiembre de 2021, por medio de una ecografía particular, María José se enteró de que nuevamente estaba embarazada. Se le vino el mundo abajo y se indignó con el profesional.
“Cuando ya se confirmó el tema del embarazo, me ingresaron a un programa de embarazo no deseado, de planificación familiar, por las circunstancias que se me había dado el embarazo. Al médico nunca más lo volví a ver. Me citaron a una sola ecografía al Hospital de Lirquén, que fue como para verificar que yo estaba embarazada, con el Jefe de Ginecología del Hospital”, detalló María José.
Finalmente, dio a luz a un niño. El equipo médico, en tanto, previo consentimiento de María José, optó por una salpingectomía, una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de las trompas de Falopio en la mujer.
Producto de todos estos antecedentes, con sus consecuentes problemas físicos, psicológicos e incluso familiares, es que María José decidió demandar al Servicio de Salud Talcahuano.
Todo lo anterior es parte de la demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral y daño material que tramita el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano.
Abogados explican justificación de la demanda
Gonzalo Fuentealba Galloso, abogado de María José, explicó que “se ha demostrado en la literatura clínica que el embarazo no planificado, o no deseado, para la mujer es tremendamente violento; dado que ella experimenta una serie de situaciones que son muy complejas, desde el rechazo del futuro hijo, desde la rabia, impotencia. Es decir, emocionalmente la mujer queda muy afectada, muy perturbada por este tipo de experiencias”.
Ante ello, el jurista añadió que el hecho acarreó una problemática personal y familiar, por lo mismo, manifestó que era necesaria la acción jurídica para que María José fuese resarcida por la vulneración de sus derechos fundamentales.
“A ella le ha generado una problemática personal, familiar, social, a tal punto que incluso tuvo que suspender sus estudios universitarios para poder asumir y ejercer la maternidad. Entonces, bajo esa circunstancia, era necesario que se le diera una protección jurídica. Una protección que le permita a ella, de alguna manera, ser resarcida de estos perjuicios morales y materiales”, agregó.
Piden millonaria indemnización
En tanto, Adolfo Ortega, también abogado de María José, detalló que el monto de la indemnización, presentes en la demanda contra el Servicio de Salud Talcahuano, asciende a 268 millones de pesos.
De ellos, indicó Ortega, 100 millones para la madre y 168 millones para la hija gestada post tratamientos de esterilización. “Daño material o económica. Comprende, en resumidas cuentas, el costo de mantención, gastos de vida, salud, educación, vivienda, alimentación y demás relacionados de su hijo, por el que comparece la madre demandante y que nuestra parte estima en la suma de $168.000.000, suma a la que se llega considerando que el artículo 332 del Código Civil dispone la manutención hasta los 28 años si la persona se encuentra estudiando. Tales 28 años corresponden a 336 meses y nuestra parte estima que cada uno de tales meses no se satisfacen con una suma inferior a $500.000 y de ahí que se demanda por la cantidad indicada en el párrafo anterior”, cerró.
BioBioChile consultó por este caso al Servicio de Salud Talcahuano, sin embargo, declinaron entregar declaraciones al respecto.
Si tienes antecedentes o crees que fuiste víctima de un proceso de esterilización fallido y posteriormente quedaste embarazada, cuéntanos tu historia a través de info@biobiochile.cl
