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El Juzgado del Trabajo confirmó maltrato laboral contra dos empleados de la Dirección de Salud Municipal de Chiguayante, ordenando indemnización y clases sobre acoso. Los hechos ocurrieron durante la gestión de Antonio Rivas. Luis Pastorini Garcés, subdirector de Finanzas de la DAS, fue señalado por hostigamiento, debiendo pagar 5 millones a cada afectado y prohibición de interacciones. El municipio apeló la sentencia. El concejal Carlos Hidalgo propone que el responsable pague los 10 millones.
El Juzgado del Trabajo acreditó el maltrato contra dos funcionarios de la Dirección de Salud Municipal de Chiguayante, ordenando el pago de una indemnización y la realización de clases sobre acoso laboral.
Mientras el concejal Carlos Hidalgo cree que la reparación económica es responsabilidad del empleado denunciado, el municipio informó que el fallo fue apelado.
Se trata de hechos ocurridos durante la administración del exalcalde y hoy diputado electo, Antonio Rivas, pero determinando la justicia que la responsable es la Municipalidad de Chiguayante.
Uno de los afectados es el dirigente de los funcionarios de la Salud Municipal, Diman Pereira, quien señaló que afortunadamente el Juzgado del Trabajo acreditó los maltratos sufridos junto a una compañera, esto después que las denuncias administrativas no fueron atendidas.
El fallo determinó que efectivamente el subdirector de Finanzas de la DAS, Luis Pastorini Garcés, incurrió en conductas de hostigamiento y acoso laboral contra el dirigente gremial y la empleada también de la DAS, Fabiola Montesinos, ordenando el pago de 5 millones de pesos como reparación a cada uno, además de la prohibición de cualquier interacción entre la jefatura y los subalternos, así como una capacitación sobre buen clima de trabajo.
Consultado el jefe jurídico municipal, Pablo Aros, señaló que la sentencia no puede ser cumplida aún, ya que se recurrió de nulidad.
No es la primera condena de este tipo contra el municipio, señaló el concejal Carlos Hidalgo, y por eso propondrá al alcalde Jorge Lozano que sea el funcionario responsable del acoso quien pague los 10 millones de pesos, seguro -dijo- de que la Corte de Apelaciones confirmará la resolución.
En caso de ser definitivo el fallo, las medidas ordenadas deberán ser cumplidas en un plazo de 60 días, de lo contrario el municipio arriesga una multa de 3 millones 500 mil pesos.
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