A la justicia acudió la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, denunciando al Serviu por el peligro que representan las inconclusas obras del Eje Cívico, tras haber sido abandonadas por la empresa a cargo. El director del organismo, aseguró que antes de fin de año se implementarán las medidas de seguridad solicitadas por la municipalidad.

A través de un recurso de protección acogido a trámite, la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, pidió a la Corte de Apelaciones de Concepción intervenir en el conflicto con el Serviu.

La controversia surgió en el marco de los trabajos de mejoramiento del Eje Cívico de la comuna, incluida la Plaza de Armas, un proyecto que se arrastra desde el año 2010, después del terremoto, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos.

La contratista Santa Sofía abandonó los trabajos en septiembre pasado, generando una serie de riesgos para los peatones, según precisó la alcaldesa Burgos.

Según se señala en la acción legal, el director del Serviu, Samuel Domínguez, se comprometió en octubre a que antes del 15 de noviembre se implementarían medidas de seguridad para prevenir los riesgos y ante el incumplimiento de ese plazo es que se presentó el recurso.

Consultado por Radio Bío Bío, Domínguez aseguró que antes del 31 de diciembre se cumplirá con el plan de mitigación.

Sobre este último aspecto, el fin definitivo el proyecto de mejoramiento del Eje Cívico, la autoridad comunal de Curanilahue señaló que también se pide a la Corte la posibilidad de que sea el municipio el que concluya los trabajos, subrayando la alcaldesa en el abandono de la ciudad de parte del Estado.

El plan del Serviu, sin embargo, es que las medidas de seguridad, con un costo de 150 millones de pesos, se mantengan por los cuatro meses que demoraría la relicitación para terminar la remodelación del Eje Cívico, restando un 25% a un costo de 1.200 millones de pesos.