El diputado Leonidas Romero pidió a la Contraloría General de la República la nulidad del el polémico acuerdo defendido por el alcalde Boris Chamorro y que redujo la millonaria deuda que la ex embotelladora Llacolén tiene con la Municipalidad de Coronel, en la región del Bío Bío.
Son varios antecedentes los que fundan la petición del parlamentario, ex jefe comunal coronelino, los mismos que tienen los concejales que rechazaron el avenimiento, a través del cual se condona al empresario Juan Alberto Scuncio más del 90% de la deuda.
Los antecedentes puestos en conocimiento del contralor Jorge Bermúdez son, primero, que un informe del municipio, con fecha 19 de agosto de 2019 y firmado por el director de Patentes, Waldo Benedetti, estimó la deuda real del empresario Juan Alberto Scuncio en $1.342.843.114, monto rebajado por el avenimiento a 100 millones de pesos.
Segundo, que el informe pericial que calculó en sólo 250 mil pesos la deuda de la desaparecida embotelladora fue entregada en una causa aún sin fallo del Segundo Juzgado Civil de Coronel y que según abogados sería un medio de prueba que no puede servir de fundamento para un acuerdo.
Tercero, que la votación que aprobó el avenimiento es ilegal pues se vulneró la Ley Orgánica de Municipalidades que obliga a que ante un empate en el concejo, el alcalde llame a una segunda votación y de persistir la misma votación, se debe convocar a una nueva reunión, donde si se repite el empate, sólo entonces el jefe comunal dirime y no como ocurrió el martes, cuando el alcalde Chamorro dirimió el empate sólo después de la primera votación.
Todos estos antecedentes son evaluados por los concejales que rechazaron el acuerdo para determinar si pueden servir además para una presentación por notable abandono de deberes en el Tribunal Electoral, no sólo contra el alcalde de Coronel sino también los ediles que votaron a favor del avenimiento con el empresario Alberto Scuncio.
