Un paro indefinido comenzaron los 600 funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) desde el Bío Bío hasta Aysén, tras no recibir parte de un bono por metas, cuya responsabilidad se atribuye al Ministerio de Justicia.
Cerrados y sin atender público están los consultorios que la CAJ tiene entre Chillán y Coyhaique.
Sin embargo, el problema -subrayó el gremio de los funcionarios- es responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Justicia que no entregan los medios para trabajar e informar del trabajo que se realiza.
Según precisó la dirigenta Marta Latorre, el pago parcial del bono es sólo el corolario de una serie de deficiencias en las que trabaja la Corporación de Asistencia Judicial.
El problema puntual, explicó, es que no se tiene ni siquiera los implementos tecnológicos para informar a Santiago las metas y de allí que se cancelara parcialmente el bono de gestión, lo que la dirigenta de la ANEF, Lorena Lobos, considera que demuestra la precariedad en que funciona un organismo tan importante sobre todo para personas vulnerables que requieren ayuda jurídica.
La movilización tiene el carácter de indefinido y es nacional, pues los trabajadores de la CAJ del resto del país están respaldando a sus compañeros de las seis regiones afectadas.
