Sorprendidos se encuentran algunos propietarios de los departamentos de la torre Alto Río en Concepción, la que se derrumbó la madrugada del 27 de febrero de 2010, al descubrir que adeudan contribuciones desde hace dos años, siendo que las propiedades ya no existen.
Por ello, las víctimas tienen un nuevo obstáculo para cerrar el capítulo, pues esta situación impide el pago de la indemnización a los afectados, así lo consigna El Mercurio.
“Las víctimas hemos querido siempre cerrar el tema, pero no hemos podido por los plazos judiciales y las demoras de la empresa (Socovil)”, aseveró a El Mercurio Mónica Molina, vocera de la Fundación Alto Río.
Como parte del proceso de indemnización, la comunidad logró inscribir a su nombre una parte del paño donde se ubicaba el inmueble, llamado como J2, que corresponde a la parte exterior de la edificación, así lo explicó el abogado Enrique Hernández, defensa de las víctimas.
Sin embargo, la situación que ha obstaculizado el proceso se descubrió al regularizar la otra sección, que incluye el espacio donde estaba el edificio, denominado J1.
“Durante el trámite de inscripción de los lotes a nombre de las víctimas, el conservador de Bienes Raíces informó que al menos 30 departamentos, estacionamientos y bodegas del edificio Alto Río registran —al año 2018— deuda por concepto de contribuciones, lo que por cierto es un absurdo jurídico, desde que el edificio completo no existe desde febrero de 2010, hace casi nueve años a la fecha”, indicó el abogado Hernández al medio.
Molina aseguró que los cobros no hubieran sido necesarios si las propiedades se hubieran entregado mucho antes, pero “no las traspasaban nunca”.
Ante esta situación, Enrique Hernández y Renato Fuentealba, ambos abogados de las víctimas, solicitaron reunirse con el director regional del Servicio de Impuestos Internos (SII) para solucionar el tema, donde -junto a representantes de la comunidad de afectados- esperan pedir la anulación de toda deuda que pueda afectar al edificio.
