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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía confirmó allanamiento en oficinas del MOP en Valparaíso por presuntas irregularidades en el uso de recursos del megaincendio de 2024. Se incautaron dispositivos digitales de funcionarios y particulares, incluido el celular de Yanino Riquelme, delegado presidencial regional. Se investiga la trazabilidad de recursos fiscales en contratos con la empresa San Nicolás Spa. Abogados de víctimas ven posible financiamiento ilegal de la política. Diligencias también se realizaron en el MOP del Biobío.

La Fiscalía confirmó que esta semana se registró un allanamiento en dependencias del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región de Valparaíso, en el marco de la investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el megaincendio de 2024. El celular del actual delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, fue incautado.

La diligencia se concentró específicamente en la Dirección Regional de Arquitectura del MOP en Valparaíso y fue autorizada por el Juzgado de Garantía, tras una solicitud de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

En el procedimiento se incautaron dispositivos digitales, entre ellos computadores y teléfonos celulares, tanto de funcionarios públicos como de particulares vinculados a los contratos bajo investigación.

De hecho, uno de los celulares incautados pertenece a Yanino Riquelme, delegado presidencial regional de Valparaíso, quien se desempeñaba como seremi del MOP durante la catástrofe.

Claudio Rebeco, fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, adelantó que se analizará la trazabilidad de los recursos fiscales recibidos por las sociedades involucradas, entre ellas, la empresa San Nicolás Spa.

En tanto, Felipe Olea, abogado de los familiares de 55 fallecidos y más de 500 propietarios víctimas del megaincendio, valoró el avance de las diligencias y aseguró que podríamos estar frente a un nuevo caso de financiamiento ilegal de la política.

Recordemos que la investigación se abrió luego de que la Contraloría remitiera antecedentes que dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de un centenar de viviendas siniestradas, con fondos públicos comprometidos por más de $1.100 millones.

Respecto a las diligencias, estas también fueron ejecutadas en dependencias del MOP en la Región del Biobío por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, descartando de momento un allanamiento en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.