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La ruralidad no pide privilegios. Pide justicia básica.
En el Chile rural, el agua sigue siendo una promesa. No hablo de grandes titulares ni de discursos de campaña. Hablo de lo básico: abrir la llave y que salga agua; vivir sin olores permanentes; no acostumbrarse a la idea de que “esto es normal”. Porque no lo es.
La Ley N°20.998 nació para cambiar esa historia: crear un marco institucional para regular los Servicios Sanitarios Rurales, dar licencias, ordenar a los operadores, establecer reglas y responsabilidades claras.
El problema no es la idea. El problema es lo que ocurre cuando la ley se encuentra con el territorio: implementación lenta, asimétrica y frágil, justo donde la crisis hídrica y los conflictos ambientales exigen lo contrario.
La ley existe, pero el Estado llega con un pie en el freno
La Ley 20.998 define un rol relevante del Ministerio de Obras Públicas: licencias, registro público de operadores y una institucionalidad dedicada a estos servicios.
Sin embargo, en la práctica, muchos comités y cooperativas siguen funcionando con una carga administrativa creciente, con brechas técnicas reales y con un Estado que, demasiadas veces, aparece solo para exigir papeles… pero no para garantizar soluciones.
Se pide profesionalizar, pero no siempre se entrega acompañamiento técnico suficiente; se exige cumplimiento, pero no siempre se resuelve el cuello de botella de inversiones, permisos, asistencia y fiscalización en terreno.
Y ahí aparece un punto delicado: cuando el Estado llega tarde, el mercado llega rápido. Y si llega rápido sin contrapesos, lo que debería ser un derecho termina pareciéndose peligrosamente a un negocio.
El caso Aguas San Isidro: cuando la ruralidad se vuelve zona de sacrificio
En 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados constituyó una Comisión Especial Investigadora (CEI N°35) para fiscalizar actos de gobierno y el rol de organismos como la SISS, SMA, SEA, MOP y autoridades sanitarias, a propósito de los problemas sanitarios y ambientales vinculados a la empresa de servicios sanitarios Aguas San Isidro en diversas regiones del país.
No estamos hablando de un conflicto aislado ni de “casos puntuales”: la propia base de la comisión reconoce que las denuncias y controversias se extienden por múltiples territorios.
Y si uno busca un ejemplo pedagógico de lo que falla cuando la institucionalidad no actúa con anticipación, Isla de Maipo es un caso que duele por lo evidente.
Isla de Maipo: dos plantas, 700 metros, un territorio que no da abasto
En sesiones de la comisión investigadora quedó consignado un dato que cualquier planificador territorial entiende de inmediato: se discutió una planta de tratamiento en Isla de Maipo ubicada a 700 metros de otra planta, en una zona donde la planta que ya funciona arrastra problemas ambientales.
El territorio no es una hoja en blanco. Es aire, napas, suelos, vientos dominantes, vida cotidiana. Y por eso el estándar no puede ser solo “cumple o no cumple” en un papel, sino también qué pasa con los impactos acumulativos: dos infraestructuras similares en un radio tan corto no se evalúan como si cada una existiera en el vacío.
En paralelo, el Segundo Tribunal Ambiental se pronunció sobre una reclamación asociada al proyecto “Solución Sanitaria para un sector de Isla de Maipo”, que contempla PTAP y PTAS en La Islita, y explicó que analizó alegaciones relativas al área de influencia y eventuales riesgos para la salud, descartando impactos significativos en ese caso.
¿Significa eso que “no hay problema”? No necesariamente. Significa, más bien, que el debate no puede cerrarse con un fallo aislado: la pregunta política pública es qué tan robusta es nuestra evaluación ambiental y sanitaria para abordar conflictos donde la gente vive al lado de las instalaciones, siente los olores, y percibe que el Estado siempre llega después.
Lo rural no es “lo que sobra”: es donde se juega la supervivencia
El corazón del problema es este: Chile avanzó en crear un marco legal, pero todavía no construye un sistema de garantías equivalente. Y en servicios básicos, el estándar no puede ser “hacer lo que se puede”. El estándar tiene que ser hacer lo que se debe.
La Comisión Investigadora (CEI 35) se constituyó justamente porque hay una sospecha difícil de ignorar: que la fiscalización ha sido insuficiente, fragmentada o tardía frente a denuncias reiteradas, y que el peso de vivir con las consecuencias recae en comunidades que tienen menos poder para hacerse escuchar.
Qué propongo: tres cambios concretos
1. Evaluación territorial real (impacto acumulativo y carga ambiental)
No basta con evaluar proyectos “uno a uno”. Hay que mirar el territorio como sistema: cuántas plantas, qué descargas, qué población, qué vientos, qué cursos de agua, qué napas, qué suelos.
La evaluación ambiental debe incorporar de forma exigible la lógica de impactos acumulativos, especialmente cuando hay infraestructuras similares a distancias mínimas (Isla de Maipo es el ejemplo perfecto).
2. Fiscalización coordinada, con trazabilidad pública
SISS, SMA, SEA, MOP y autoridad sanitaria no pueden funcionar como islas. La ruralidad no tiene tiempo para burocracias cruzadas.
La gente necesita saber: quién fiscaliza, cuándo, con qué resultados y qué medidas se ordenan. La CEI 35 puso en el centro justamente el rol de estos organismos.
3. Implementación de la Ley 20.998 con apoyo técnico y financiamiento oportuno
Si el Estado quiere operadores rurales formales y robustos, debe asegurar acompañamiento real: ingeniería, operación, mantención, gobernanza, renovación de infraestructura. La Ley establece institucionalidad y licencias, pero la brecha de capacidades no se resuelve solo con normas.
Cerrar el círculo
La ruralidad no pide privilegios. Pide justicia básica.
Y en materia sanitaria, justicia básica significa que una familia rural no deba escoger entre vivir con olores, resignarse a la precariedad o pelear años contra un sistema que responde lento.
En Isla de Maipo, en tantas localidades del país, lo que está en juego no es un trámite ni una RCA: es el derecho a una vida digna. La ley existe. Ahora falta lo más importante: que funcione en la realidad.
