La extensión anticipada de la concesión de la Zona Franca de Iquique hasta el año 2050 avanzó formalmente en su etapa societaria, pero dejó abiertas dudas jurídicas, críticas de accionistas minoritarios y un debate político que recién comienza.
El directorio de ZOFRI S.A. resolvió aprobar un nuevo plan de inversión para impulsar un nuevo contrato concesional con el Fisco, actualmente vigente hasta 2030. Y, así, lograr una extensión hasta el 2050 y firmar un nuevo contrato con la Corporación de Fomento para la producción (Corfo)
¿Se debe votar por un plan antes de asegurar la nueva concesión? ¿Es la Corfo la que debería pedir condiciones previas antes de que la Zofri las apruebe? Radio Bío Bío conversó con representantes y conocedores del tema.
La votación
El 17 de febrero, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó el plan con un 95,11% de los votos; un 0,72% rechazó y un 4,16% se abstuvo. En su comunicado oficial, la compañía informó que la decisión “culmina un proceso iniciado en 2018” y permite avanzar hacia la suscripción del nuevo contrato hasta 2050.
El plan contempla inversiones superiores a $115 mil millones en infraestructura, modernización logística, incorporación tecnológica y nuevas unidades de negocio. Desde la empresa subrayaron que no se trata de gastos ordinarios, sino de compromisos estructurales para proyectar competitividad regional.
El presidente del directorio, Iván Berríos, afirmó que la aprobación proyecta al sistema franco “con compromisos verificables de inversión y con estándares más altos de cumplimiento”.
Pero el porcentaje de respaldo no zanjó el conflicto.
El bloque en contra
Un grupo de accionistas minoritarios votó en contra y ha manifestado su malestar por la forma en que se condujo el proceso. Incluso previo a la votación, el representante, Darío Blanco, del paquete accionario Cofre S.A., solicitó al presidente del directorio -a través de un documento escrito- la nulidad de la junta. Y anticipó que “este accionista se ve en la obligación de rechazar todas las propuestas planteadas por el directorio”.
A su vez, el empresario y expresidente del directorio de Zofri, Patricio Sesnich, conversó con La Radio. Este comentó que “se está impulsando una prórroga de la concesión de Zofri más allá del 2030 mediante una vía administrativa que carece de sustento legal suficiente para extender un régimen cuya inmutabilidad tributaria fue establecida por ley y con un plazo determinado”, comentó.
Agregó que la iniciativa, “además de jurídicamente vulnerable, expone a la región de Tarapacá a un escenario de incertidumbre institucional y económica, trasladando al próximo gobierno un problema de alta complejidad constitucional, fiscal y política. De concretarse en los términos actuales, la prórroga podría derivar en impugnaciones, observaciones de legalidad y conflictos que terminarían afectando precisamente el desarrollo regional que se dice proteger”.
En paralelo, la Asociación de Usuarios Zofri A.G. acusó públicamente “manipulación de la información” y sostuvo que el 95,11% corresponde a los accionistas presentes, precisando que el 93,28% de esos votos serían de Corfo.
La organización fue más allá: advirtió que ocultar información relevante a accionistas minoritarios contravendría la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y planteó que eventuales incumplimientos en los plazos de citación podrían acarrear la nulidad de la junta, cuestión que, según señalaron, debería revisar la Comisión para el Mercado Financiero.
Las críticas no apuntan sólo al fondo del acuerdo, sino también a su oportunidad: la extensión compromete dos décadas adicionales de concesión antes de que expire el contrato vigente en 2030.
A favor
Como en todo conflicto, también hay personas que están a favor de las decisiones tomadas por el directorio y posteriormente ratificadas por la junta.
Una de estas es Maribel Gómez, presidenta del sindicato de trabajadores de zona franca Galpón-Zofri. Ella explica que “lo que se votó en esta semana fue que la administración de zona franca se quede hasta el 2050, con el mando del gerente general que para nosotros ha hecho una labor excelente, muy buena y en tan poquito tiempo”.
Complementó asegurando que si es la misma persona la que estará a cargo, “la zona franca de seguro va a remontar y va ser mejor”.
La aclaración de Corfo
En medio de la controversia, Radio Bío Bío solicitó una declaración formal a Corfo, principal accionista de la sociedad. Para explicar si las decisiones que se tomaron en el directorio eran correctas.
El organismo fue categórico en precisar que la Junta Extraordinaria tuvo por objeto aprobar el Plan de Inversiones y “no respecto de la concesión de la Zona Franca de Iquique y Arica”.
Corfo recordó que la concesión es un contrato entre el Ministerio de Hacienda, en representación del Fisco, y ZOFRI S.A., conforme a la Ley 18.846, y que “son únicamente estas partes las que pueden decidir renovar o no un contrato de concesión”.
Asimismo, subrayó que, aunque es accionista, no es titular de la concesión ni puede entregarla a terceros. También recordó que la administración de la sociedad corresponde a su directorio según la Ley 18.046 y que el contrato vigente expira en 2030.
ZOFRI
No obstante, en el comunicado oficial de la Zofri son claros en argumentar que esto les permite avanzar hacia la suscripción de un nuevo contrato de concesión. “La aprobación del plan constituye un hito estratégico para la compañía, en la medida que permite avanzar hacia la suscripción del nuevo contrato de concesión, el cual proyecta a Zofri S.A. hacia las próximas décadas con mayores exigencias en materia de inversión, gobernanza corporativa, sostenibilidad y estándares operacionales”.
Profundizan explicando que “con la aprobación del Plan de Inversiones, corresponde ahora avanzar en las etapas administrativas y regulatorias necesarias para la plena vigencia del nuevo contrato de concesión. Dichas etapas incluyen, entre otros, desde la firma del contrato hasta la publicación del decreto que oficializa la renovación, de acuerdo al marco legal”.
Radio Bío Bío envió preguntas a la ZOFRI S.A para entender de mejor manera la situación actual. Explicaron que “la renovación de la concesión está condicionada a la existencia de un plan de inversiones aprobado. Es decir, el compromiso de inversión es un requisito previo para la firma del contrato”.
Por esa razón, “la Junta se pronunció sobre un plan superior a US$ 130 millones, que representa una modernización de ZOFRI en infraestructura, trazabilidad, estándares operativos, nuevas líneas de negocio y competitividad logística”.
Coinciden en que la concesión es otorgada por el Estado, pero que “es posible el camino de la renovación: en octubre de 2023, la Contraloría General de la República respondió a una consulta formal señalando que la renovación anticipada es jurídicamente procedente por la vía administrativa, conforme a la normativa vigente. Ese dictamen no otorga la concesión, pero sí despeja la viabilidad jurídica del mecanismo”.
Frente a aquellos que están en contra, señalaron que “en toda sociedad anónima abierta es legítimo que existan posiciones distintas. La votación alcanzó un 95,11% de aprobación, con un porcentaje minoritario en contra (2 accionistas).La compañía ha actuado con apego a la ley y bajo supervisión regulatoria”.
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