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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó para el 8 de abril de 2026 la audiencia de formalización contra Claudio Aquiles Boisier Troncoso, exgerente general de la Corporación Municipal y exadministrador municipal en la gestión de Virginia Reginato, por malversación de caudales públicos. La querella presentada en julio de 2022 por la Municipalidad de Viña del Mar, bajo Macarena Ripamonti, expone que Boisier habría rendido gastos que superaban los $400.000 cada uno, totalizando unos $17 millones entre enero de 2015 y marzo de 2018. Los recursos habrían sido transferidos a su cuenta personal en el Banco de Chile o depositados mediante cheques. Expertos señalan que el delito conlleva pena de más de 5 años de cárcel. La investigación revela gastos en joyerías, restaurantes y licorerías que no tendrían relación con fines institucionales.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó para el 8 de abril de 2026 la audiencia de formalización en contra de Claudio Aquiles Boisier Troncoso, exgerente general de la Corporación Municipal y exadministrador municipal durante la gestión de la ex alcaldesa Virginia Reginato, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público.

La causa se origina en una querella interpuesta en julio de 2022 por la Municipalidad de Viña del Mar bajo la administración de Macarena Ripamonti, por el delito de malversación de caudales públicos.

Según los antecedentes expuestos, los hechos investigados habrían ocurrido entre enero de 2015 y marzo de 2018, período en el cual el imputado habría efectuado rendiciones periódicas de gastos por montos que en general superaban los $400.000 cada una, totalizando aproximadamente $17 millones.

Dichos recursos habrían sido transferidos desde la cuenta corriente de la Corporación Municipal a la cuenta personal del querellado en el Banco de Chile, o bien, mediante cheques firmados por él mismo y posteriormente depositados en su cuenta bancaria.

Eventual delito que a juicio de Silvio Cuneo, abogado penalista, podría implicar una pena de privación de libertad que supere los 5 años.

La investigación sostiene que las rendiciones incluirían gastos en establecimientos como joyerías, restaurantes y licorerías, los que, conforme a la querella, no tendrían relación con fines institucionales.

Al respecto, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, señaló que los antecedentes a exponer representarán una posibilidad importante para dilucidar los fraudes registrados en el municipio.

La acción penal se dirige no solo contra el exfuncionario, sino también contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores.

Otra de las cuestionadas es la exalcaldesa Reginato. De hecho, la Contraloría General de la República (CGR) la notificó en enero de este año, exigiendo la restitución de más de $1.100 millones por un perjuicio financiero ocasionado a la municipalidad durante su gestión.