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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso trasladó a la Sala Tramitadora la petición de fijar una fecha para desalojar la megatoma de San Antonio, dejando a los propietarios en espera.

A la espera de una fecha para ejecutar el desalojo se mantienen los propietarios del terreno de la megatoma de San Antonio, luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidiera pasar a la Sala Tramitadora el requerimiento que buscaba establecer un plazo de expulsión.

Los ocupantes de la toma se mostraron satisfechos con la decisión del Tribunal, ya que se continúa dilatando el desalojo definitivo.

En la instancia, el Tribunal también revisará los documentos presentados por la organización Mesa Investigativa, compuesta por 23 dirigentes de la toma, los que comprobarían -según su criterio- que fueron invitados a habitar el terreno por uno de los antiguos propietarios, Luis Medel.

Para Verónica Morales, presidenta de la Coordinadora Quinta Costa de San Antonio y residente de la megatoma del Cerro Centinela, la decisión de la Corte de Apelaciones es un “respiro”, ya que continúa postergando la fecha para el desalojo definitivo de las viviendas.

Diego Pereira, representante legal de los dueños del terreno, mostró su conformidad con que la solicitud haya pasado a la Sala Tramitadora, pese a que la Corte continúa dilatando el establecimiento de una fecha de desalojo.

Además, Pereira aseguró que cualquier proceso de conciliación que busquen iniciar los ocupantes, es de carácter ilegal.

Es importante recordar que el pasado 3 de octubre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el cumplimiento del desalojo de la megatoma, sin establecer una fecha definitiva.

Posterior a esa orden, el municipio de San Antonio y los ministerios de Interior, Desarrollo Social, Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo iniciaron un trabajo para coordinar los diferentes espacios transitorios para movilizar a las más de 10 mil personas que deberán ser desalojadas del terreno; desarrollando un informe que ya fue entregado a la Corte de Apelaciones.