La Municipalidad de Rapa Nui informó a La Radio que la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) y la empresa Latam Airlines decidieron suspender el vuelo en el contexto del Plan de Retorno Seguro a la isla, luego de que se realizara una petición para reprogramar la llegada de 284 personas para este próximo viernes 26 de febrero.

El alcalde de la isla, Pedro Edmunds Paoa, señaló que el Ministerio del Interior ha estado “silencioso” y “no ha hecho nada” por solucionar un conflicto que ya se extiende por 13 días.

Fuentes del municipio señalaron que esta información habría sido comunicada a la municipalidad en calidad de cliente y que inicialmente la solicitud fue realizada para hoy miércoles, pero la aerolínea habría respondido que el viernes era una fecha posible.

Sin embargo, según plantean desde la casa consistorial, tomaron la decisión de suspender ese vuelo por razones de seguridad, en relación al grupo de personas que se tomó la pista de aterrizaje del Aeropuerto Mataveri el viernes 12 de febrero, y que se ha mantenido desde entonces en las cercanías de la infraestructura manifestándose cerca de un árbol llamado por los isleños como “el gomero”.

En todo caso, la DGAC señaló en su cuenta de Twitter que el aeropuerto y la pista de aterrizaje se mantiene operativa. De hecho, hay 2 vuelos donde sólo llegan productos, que han seguido arribando a la isla y que corresponden a vuelos chárter contratados por empresarios de Rapa Nui y otro con cargo a Latam.

El alcalde de la zona, Pedro Edmunds Paoa, dijo que la empresa consultó a la Dirección General Aeronáutica Civil y esta le recomendó que el vuelo no llegara, asegurando que este conflicto se va a dilatar por otra semana más.

El líder comunal dijo que el actor que tiene que destrabar el conflicto es el Ministerio del Interior y fue tajante en decir que han estado silenciosos y no han hecho nada.

Fuentes de La Radio señalan que la intención inicial era revisar el manifiesto de vuelo y verificar qué personas podían no estar habilitadas para llegar a Rapa Nui. Sin embargo, al descubrir que las 284 personas estaban habilitadas, y además por la propia gobernación, el avance de la gestión del conflicto se estancó.

Administrativamente, la Gobernación de Rapa Nui o la Intendencia de Valparaíso, como representante de Interior, deben tomar una decisión sobre qué pasara con los visitantes, mientras que los manifestantes se mantienen rechazando el arribo de turistas, pese a que todos cuentan con los requisitos.

En ese contexto, los habitantes pidieron que sólo llegaran personas nativas de Rapa Nui, con sus respectivos familiares, dejando fuera por ejemplo a los profesores que volvían a la isla en el marco del plan retorno.