Entre las comisiones de Régimen Interno, Finanzas y el propio municipio comenzaron los análisis de los 5 contratos de superficie y subterráneos de los parquímetros en Valparaíso, cuestionados en su mayoría por el perjuicio que generan a las arcas municipales, y las importantes ganancias de las concesionarias.
Las posturas, podrían estar confrontadas ya que si bien hay concejales que tienen de la idea de tratar de mejorar los contratos, y permitir que avancen los trabajos, la administración cree tener bases jurídicas para terminar algunos de ellos.
En particular, el caso de los contratos de parquímetros de Don Javier S.A para las Plazas Victoria y Simón Bolívar sería el más débil, debido a que se reclama el no pago de la subvención desde noviembre, y que hace 3 años venció el plazo para que presentaran el proyecto para estacionamientos subterráneos en el sector.
Patricio Cáceres, inspector técnico de obras encargado por el municipio para revisar los contratos, entregó antecedentes a las comisiones presididas por Iván Vuskovic y Marcelo Barraza y explicó el piso jurídico para cuestionar el contrato con Don Javier S.A.
En el caso de los contratos de superficie y subterráneos de Consorcio Valparaíso, el panorama es más complicado porque la evidencia no es tan clara como en el contrato de Don Javier S.A, y la postura de continuar con los trabajos de la Plaza O’Higgins podría indicar que haya un acuerdo.
El presidente de la Comisión de Régimen Interno, Marcelo Barraza, advirtió que la alcaldía no entregó la totalidad de los contratos, y aconsejó no judicializar el tema ya que -en su opinión- podría perjudicar las obras.
La próxima semana se volverá a efectuar una comisión mixta que deberá preparar una propuesta para el Concejo Municipal, indicando las acciones a seguir para cada uno de los contratos de parquímetros de la comuna.
La comisión se reúne en el contexto de la solicitud ciudadana en el último concejo, efectuada por el movimiento No Más Parquímetros, de terminar con los contratos en el rubro, que dejan en total menos del 5% de sus utilidades anuales a las arcas del municipio.
