Alberto Martínez Quezada, quien se desempeñaba como decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, asumió el 31 de diciembre como nuevo rector de la casa de estudios estatal para el periodo 2020-2023, amparado en el folio 388 de la Subsecretaría de Educación Superior.
Un acto que encendió las alarmas entre el grupo de exalumnos que lo demandó en octubre de 2019, en su condición de decano, junto a Hugo Rodríguez, jefe de la carrera de ingeniería; Marianela Llanos Ortiz, directora de docencia; y Evadil Ayala, director de calidad.
Lo anterior, porque -según acusan- los trabajos de titulación de su autoría fueron usados como propios por académicos de la misma casa de estudios. La operatoria denunciada era simple: los profesores tomaban las tesis y se ponían en primer lugar como autores del texto y quienes habían realizado la investigación como meros colaboradores.
Los académicos querellados usaban una figura conocida en la universidad como LGR-UNAP, cuya finalidad era publicar los trabajos en revistas del ramo. “Sin embargo, dicha institución fue consultada a través de la Ley de Transparencia, y confirmada por el propio denunciado sr. Hugo Rodríguez, que no existía, teniendo sólo el carácter de ficticia”, señala la demanda, cuyas acusaciones están siendo indagadas por Fiscalía y por un sumario administrativo en la casa de estudios.
Por su parte, la Superintendencia de Educación realiza un sumario para investigar las denuncias y la Contraloría General de la República (CGR) realiza una investigación paralela sobre el caso.
En su momento, tanto Martínez como los otros profesores acusados, consideraron “completamente infundadas las imputaciones” y se mostraron disconformes con la administración de la UNAP de la época, asegurando que no actuó “conforme lo requiere el caso, y conforme a su deber de defensa de los funcionarios públicos, mucho menos ha actuado con respeto al Estatuto de la Universidad”.
Los docentes se defendieron argumentando que la carrera de Ingeniería Civil Industrial (ICI) decidió incorporar la modalidad de “paper” como práctica de titulación, con una investigación de los alumnos bajo tutela de un académico.
En la publicación de esos artículos, de acuerdo a los profesores “el orden de los autores no implica ninguna retribución económica, ya sea académica o como habilitante para acceder a algún incentivo económico por autoría, pues la finalidad de recurrir a dicha revista fue el logro de la titulación oportuna de nuestros estudiantes, y no la publicación propiamente tal”.
En tanto, si bien los demandantes cuestionan la legalidad de la forma en que asumió en la rectoría, lo cierto es que sí es válida la modalidad en que lo hizo. Aunque ahora el Ministerio de Educación debe ingresar el respectivo decreto de nombramiento a la CGR para realizar la respectiva toma de razón y así finalizar el proceso de acuerdo a la normativa. Lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Con todo, en la eventualidad que Contraloría no de luz verde al requerimiento, todos los actos administrativos realizados por la autoridad entrante quedarían inválidos.
A ello se suma que el escenario de la investigación interna también se avizora incierto. En octubre pasado, el asesor jurídico del plantel estudiantil, Ariel Smith, indicó a BioBioChile que el sumario administrativo podría demorar entre 3 o 4 meses (es decir, a más tardar en febrero). Y si bien no estuvo disponible para abordar el asunto ayer viernes, en ese entonces subrayó que los docentes investigados se exponen incluso a la destitución, ya que se trata de actos que podrían atentar gravemente en contra de la probidad.
