La Fiscalía de Chillán realiza una investigación de oficio para confirmar la denuncia de presuntos abusos sexuales cometidos por un sacerdote diocesano en contra de un menor. En tanto, el Obispado reconoció que en otro caso, del sacerdote Renato Toro denunciado por abusos sexuales en 2012, estos hechos no fueron informados al Ministerio Público y sólo se aplicaron medidas en base al derecho canónico.

La Fiscalía de Chillán asignó a la fiscal Marcia Venegas para realizar indagaciones para establecer la ocurrencia de posibles delitos de abusos sexuales cometidos en contra de un menor de edad en una capilla del sector El Tejar que fueron conocidos en un reportaje televisivo.

La Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) se encuentra a cargo de las diligencias que buscan identificar a la víctima y establecer la fecha en que ocurrieron los hechos que involucran al capellán del ejército y del colegio Padre Hurtado, Héctor Bravo, según lo adelantó el fiscal jefe de Chillán, Pablo Fritz.

“Sólo una vez que tengamos dilucidada una fecha, una edad y los hechos concretos podríamos entrar nosotros a determinar si estamos nosotros frente a un delito y en segundo lugar a analizar si esa acción se encuentra o no prescrita“, expresó Fritz.

No se informó al Ministerio Público

El segundo caso conocido esta semana se relaciona con abusos sexuales cometidos por el sacerdote Renato Toro, quien fue denunciado por abusos que habría realizado en los años 1983 y 1984, tratándose del mismo sacerdote en 2012 fue investigado y sancionado según el derecho canónico, por lo que fue limitado en el ejercicio sacerdotal hasta 2015.

Estos antecedentes, sin embargo, no fueron entregados al Ministerio Público, de acuerdo a lo que reconoció el obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, por decisiones que se tomaron en Roma, acorde al derecho de la Iglesia, donde la Santa Sede determinó las sanciones que significaron la suspensión de sus labores como sacerdote por tres años, además de hacerse acompañar de un tratamiento sicológico.

Tras esto volvió a sus tareas, limitado al trabajo con adultos en la pastoral penitenciaria, las que realizó hasta ahora, cuando surgieron nuevas denuncias, lo que provocó nuevamente la suspensión de sus labores.

Estos hechos podrían dar origen a una nueva investigación de oficio de la Fiscalía.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)