El fiscal de Punta Arenas compró un equipo que se ofrecía como nuevo y sellado, pero era usado y arrastraba una deuda de $197 mil con su compañía telefónica. Por resolución judicial, el estafador tendrá que pagar 200 mil pesos al persecutor por el engaño.
Todos pueden ser víctima de una estafa, incluso un fiscal, según quedó en evidencia tras un caso que afectó al persecutor Cristián Opazo.
Se trató de un delito ocurrido en noviembre de 2012, cuando la víctima aún no desempeñaba labores en la Fiscalía Local de Punta Arenas.
Según la acusación, el persecutor se interesó por un celular sellado, nuevo y desbloqueado, que se ofertaba por $230 mil pesos en el sitio de ventas online Mercado Libre.
El vendedor, Carlos Garcés Arriagada, recibió el pago a su cuenta bancaria y le entregó el equipo, según publica Diario El Pingüino.
Estafador vendió celular usado y con abultada deuda
Sin embargo, la víctima se percató que se trataba de un celular usado que arrastraba una deuda por $196 mil con Movistar.
De acuerdo con la acusación, el imputado “lo vendió a sabiendas de mantener esa deuda impaga, engañando a la víctima, haciéndole creer que era nuevo y sin deuda”.
“Producto del uso previo y de la deuda existente, el equipo telefónico fue bloqueado por la compañía, impidiéndole a la víctima su uso”, se agrega.
El fiscal Opazo estampó la denuncia respectiva, pero la causa se dilató por las sucesivas ausencias del imputado a sus audiencias de formalización.
Acusado eludió la justicia durante 7 años
Aunque el Juzgado de Garantía de Punta Arenas emanó una orden de arresto en su contra, el sujeto estuvo inubicable durante casi siete años.
Finalmente, dieron con su paradero en Chillán, donde Carabineros lo arrestó el 15 de junio de 2021 en un control de identidad.
Tres meses después fue formalizado por un delito de estafa y quedó sin medidas cautelares.
El caso llegó a su fin este jueves a través de un acuerdo reparatorio, donde el fiscal Opazo compareció en su calidad de víctima y se allanó a ser compensado en 200 mil pesos.
El tribunal fijó en ocho cuotas el pago, y si el imputado cumple con la exigencia, quedará sobreseído.
