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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Constructora Baker Limitada interpuso una demanda contra la municipalidad de Osorno y el Gobierno Regional de Los Lagos por presuntas irregularidades en el proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat. La constructora solicita la nulidad del contrato y una indemnización de más de 45 mil millones de pesos debido a supuestos errores técnicos y administrativos.

Una demanda civil fue interpuesta ante los tribunales de justicia en contra de la municipalidad de Osorno y el Gobierno Regional de Los Lagos, acusando irregularidades técnicas, administrativas y contractuales en el proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat.

La acción judicial fue presentada por la Constructora Baker Limitada y su representante legal, quienes solicitan la nulidad del contrato, e indemnizaciones por daños que superan los 45 mil millones de pesos.

Constructora Baker demanda a municipio de Osorno y Gore y pide millonaria indemnización

La empresa dio cuenta de una ejecución inviable desde su origen, basada en antecedentes que, acusan, serían falsos, permisos de edificación caducados y diseños estructurales defectuosos.

De acuerdo con la demanda, el municipio habría licitado y adjudicado el proyecto afirmando de remodelación del mencionado liceo de la región de Los Lagos, que contaba con permiso de edificación vigente, pese a que dicho documento se encontraría caducado desde 2017, según explicó el abogado Marcos Valásquez.

La constructora sostiene que los diseños entregados por la autoridad presentaban pilares y elementos estructurales que no cumplían normas sísmicas básicas, lo que de haberse construido conforme al proyecto original habría significado un riesgo.

Además, denuncia la intervención de profesionales sin responsabilidad legal vigente, modificaciones estructurales firmadas por proyectistas no habilitados, y la actuación de Inspectores Técnicos de Obra que no se encontraban inscritos en el registro del MINVU.

En el plano financiero, el escrito judicial detalla que la constructora debió asumir sobrecostos millonarios para intentar subsanar errores que no le eran imputables, enfrentando además el alza extraordinaria de materiales durante la pandemia.

Por último, señalaron que tras más de ocho ampliaciones de plazo y con cerca de un 70% de avance físico de la obra, el municipio puso término anticipado al contrato invocando una supuesta paralización injustificada, hecho que según la empresa constructora, habría precipitado la liquidación financiera de la empresa demandante.

Al respecto, desde la unidad jurídica del municipio afirmaron que no han recibido la notificación formal de la acción judicial, por lo que declinaron referirse al respecto.