Dos nuevos imputados sumó la causa por cohecho agravado que lleva el Ministerio Público en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, contra la administradora municipal de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno.

Esto se debería a la presunta recepción de dinero con tal de entregar la licitación para construcción de viviendas sociales.

En octubre de 2018 se formularon cargos en contra de la funcionaria municipal, tras lo cual se agendaron diversas instancias para formalizar a los coimputados -relacionados con la empresa constructora- y lo que finalmente se ejecutó durante éste miércoles.

La Fiscalía y el ente querellante relataron una serie de acontecimientos como presuntas reuniones entre la primera imputada y los dos restantes, transferencias bancarias en favor de la funcionaria de San Juan de la Costa, entre otros, y que a su juicio fundamentaría las acciones legales elevadas.

Estos hechos nuevamente fueron desestimados por los abogados defensores de los coimputados, quienes reiteraron que además de una declaración efectuada por quien inició primeramente una causa laboral en Concepción, el Ministerio Público en Osorno no contaría con pruebas concretas que sustenten la misma.

Aun así, tras formularse los cargos por corrupción, ambos imputados quedaron en libertad pero sujetos a medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

El caso

En mayo de 2017, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de una funcionaria del municipio de San Juan de la Costa por el delito de cohecho pasivo agravado, acción judicial que se extiende a todos aquellos que resulten responsables en la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de un programa de viviendas sociales.

Se trata de pesquisas que comenzaron bajo el rótulo de desformalizadas por parte del Ministerio Público, luego de que en medio de un conflicto laboral, un empleado de la empresa Training Concepción develara que habrían existido acuerdos con la administradora municipal de San Juan de la Costa, para el pago de aportes como compensación a la adjudicación de 33 viviendas sociales para familias indígenas, aportes presuntamente solicitados que superarían los 60 millones de pesos.

Tras conocer dicho antecedentes, el juez del Tribunal del Trabajo de Concepción los remitió hasta la Fiscalía regional de Los Lagos.

Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado tomó parte en el proceso, concluyendo que existiría el delito de cohecho pasivo agravado, por lo cual formuló la querella criminal