Los futuros ministros provenientes del mundo empresarial afinan por estos días la forma en que separarán sus negocios privados de las funciones públicas que asumirán a partir del 11 de marzo. La opción que hoy está sobre la mesa es la constitución de un fideicomiso ciego, mecanismo contemplado en la ley para prevenir conflictos de interés.
Todas las futuras autoridades, incluido el futuro presidente, deberán presentar una declaración de intereses y patrimonio.
Futuros ministros evalúan fideicomiso ciego
El próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna, ha estado revisando junto a asesores y a su abogado, Alexander Letonja, la administración de su patrimonio, según expuso La Tercera. Esto, con el objetivo de evitar cuestionamientos una vez que asuma en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pérez Mackenna, exgerente general de Quiñenco —holding del grupo Luksic—, dejó los directorios en los que participaba tras ser nominado por Kast. De acuerdo con el citado medio, en su entorno recalcan que suele adoptar “medidas más exigentes” que las que impone la ley y que incluso estaría bajo el umbral que obliga a constituir un fideicomiso. Aun así, evalúa avanzar en esa fórmula.
Otro caso es el del próximo biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exvicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Según publicó Pulso, Mas ya está estructurando un fideicomiso ciego con asesoría especializada. “Estoy clarísimo que son incompatibles”, señaló respecto de la administración de negocios y el ejercicio del cargo público.
Mas participa en un grupo de empresas diversificado en las áreas inmobiliaria, financiera e inversiones, además de una aceleradora de negocios.
En paralelo, el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, informó que se alejó de las firmas con las que estaba vinculado y que, tras revisar sus inversiones, concluyó que no califica para realizar un fideicomiso ciego.
Autoridades deben declarar patrimonio
El llamado fideicomiso ciego —denominado legalmente “mandato especial”— está regulado en el artículo 26 de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.
La norma establece que el presidente, ministros y otras autoridades que posean acciones de sociedades anónimas abiertas u otros valores por sobre las 25.000 UF (cerca de $992 millones) deben optar entre constituir este mandato especial o vender esos activos.
En términos simples, el mecanismo implica encargar a un tercero independiente la administración del patrimonio financiero, sin que la autoridad tenga información sobre las decisiones de inversión mientras ejerce el cargo.
Ahora, las futuras autoridades deberán presentar su declaración de patrimonio e intereses conforme a la ley.
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