Refuerzo a Contraloría avanza en el Congreso pero con críticas por dotación y recursos insuficientes

A tres meses de su ingreso y tras su despacho a Sala, en marzo la Cámara de Diputados votará el proyecto que fortalece las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de Contraloría.

Pese al respaldo transversal de la propuesta, se profundizan las dudas respecto a que la iniciativa no se hace cargo de problemas estructurales como presupuesto o dotación de la entidad fiscalizadora.

Proyecto que aumenta facultades a Contraloría se votaría en marzo

En tres meses, la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular, despachando a sala el proyecto ingresado por el Ejecutivo que fortalece determinadas facultades de la Contraloría General de la República.

Esta propuesta, que se refundió con mociones de la oposición, va en la dirección de incrementar las facultades fiscalizadoras y sancionatorias,y considera el levantamiento del secreto bancario institucional, lo que permite que la entidad solicite directamente a cualquier banco información sobre operaciones de las entidades del Estado.

El diputado radical y presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, resaltó que el proyecto considere que las fiscalizaciones puedan tener, incluso, sanciones.

Para el diputado de RN, Miguel Becker, uno de los aspectos más relevantes que quedan establecidos en el proyecto es que el ente contralor tendrá la facultad de destituir a funcionarios que cometan hechos irregulares.

El diputado de la UDI, Juan Fuenzalida, espera que durante la primera semana de marzo pueda ser despachado al Senado y que, en segundo trámite, se puedan realizar modificaciones a la iniciativa.

Críticas al proyecto

Entendiendo que la tramitación continuará ya con una nueva conformación del Congreso y con el Gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, ya instalado, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, mostró algunos cuestionamientos.

Si bien considera el proyecto como un primer paso, dice que no se hace cargo del problema estructural de la entidad fiscalizadora en cuanto a presupuesto, recursos y dotación de funcionarios.

También señala que podrán ser fiscalizadas asociaciones y corporaciones por parte de la Contraloría, y entrega como atribución a la entidad que en caso de detectarse “vulneración grave al principio de probidad” por parte de alcaldes o gobernadores regionales, el ente contralor podrá requerir la remoción de la autoridad.