RN pide fiscal exclusivo tras desorden financiero por $15,9 billones detectado por Contraloría

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando la designación de un fiscal con “dedicación exclusiva o preferente” —o bien un fiscal regional— para investigar el millonario desorden financiero detectado por la Contraloría General de la República en servicios públicos, cifrado en $15,9 billones, y que podría derivar en eventuales responsabilidades penales.

Recordemos que un nuevo informe del organismo liderado por Dorothy Pérez volvió a encender las alarmas en el mundo político y administrativo, luego que en la penúltima semana de 2025 revelara graves falencias en el control presupuestario de 73 servicios públicos durante el actual quinquenio, antecedentes que ya fueron remitidos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado.

Según expusieron los parlamentarios, la investigación de la Contraloría abarcó a 50 entidades del Gobierno Central y otras 23 correspondientes a gobiernos comunales, detectando una “falta de control presupuestario” que derivó en observaciones de alta gravedad. De hecho, el ente contralor se abstuvo de visar los estados financieros de cerca de 70 entidades, a la espera de correcciones o justificaciones frente a múltiples objeciones.

RN pide fiscal exclusivo tras desorden financiero por $15,9 billones detectado por Contraloría

En la misiva enviada a la Fiscalía Nacional, los diputados RN subrayan que los ministerios de Defensa y de Vivienda y Urbanismo concentran el mayor volumen de recursos objetados, a los que se suman organismos como la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), diversos prestadores públicos de salud y entidades vinculadas a la actividad económica.

Trascendió además que el informe fue remitido tanto a la Fiscalía como al Consejo de Defensa del Estado, con el objetivo de que se evalúe el ejercicio de acciones penales. Para los legisladores, aquello resulta imprescindible, considerando que las inconsistencias detectadas podrían configurar delitos cometidos por funcionarios públicos, hechos de corrupción, afectaciones graves al patrimonio fiscal e incluso eventuales hipótesis de criminalidad organizada dentro del aparato administrativo estatal.

Desde Renovación Nacional advierten que este episodio se suma a una seguidilla de casos similares, como el denominado Caso Convenios, cuyo esclarecimiento se ha extendido por casi tres años. A juicio de la bancada, la magnitud del desorden financiero exige una investigación penal rigurosa, orientada no solo a establecer responsabilidades, sino también a recuperar, en la mayor medida posible, los recursos mal utilizados.

En la misiva, los legisladores aseguran que es necesaria una rigurosa “investigación penal que permita esclarecer lo sucedido, perseguir a quienes resulten penalmente responsables y recuperar en la mayor medida posible los recursos mal empleados”.

Por ello, solicitan formalmente al fiscal nacional Ángel Valencia que, haciendo uso de las facultades que le entrega la ley orgánica del Ministerio Público, designe un fiscal con dedicación exclusiva o preferente, o bien un fiscal regional, que asuma la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de eventuales víctimas o testigos.