El Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 205 millones de pesos a Juan Carlos Ramírez Cárdenas y a su familia, luego de establecer que fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad cometido por agentes de la Fuerza Aérea en 1973, en Punta Arenas.
En su resolución, la jueza sostuvo que “ninguna suma de dinero puede borrar el sufrimiento que la familia ha debido cargar por décadas”.
El caso de Ramírez ya había sido reconocido por el Estado: figura en la Comisión Valech I como víctima de prisión política y torturas. Ese antecedente, avalado por la Ley 19.992, fue clave para sustentar la demanda que hoy deriva en esta nueva condena al Fisco.
Detención ilegal y torturas en 1973
Hoy, a sus 72 años, Ramírez vive en la misma ciudad donde sufrió las agresiones. Su familia relató en la investigación, que Juan Carlos fue víctima de detención ilegal y torturas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 1973.
En ese entonces tenía 22 años, trabajaba en el Ministerio de Educación en el área de imprenta y estudiaba en horario vespertino para completar su enseñanza media. Vivía con sus padres y hermanos, y era militante del Partido Comunista.
La madrugada del 20 de octubre, cuando se dirigía a su trabajo, fue interceptado por funcionarios de la Fuerza Aérea, detenido sin orden judicial y trasladado a la Base Aérea Bahía Catalina. Ahora, el tribunal dio por acreditado que allí fue sometido a torturas de extrema crueldad, que incluyeron lanzamientos al mar en el Estrecho de Magallanes durante la noche, además de golpes y otros apremios ilegítimos.
Según su propio relato, durante su reclusión Juan Carlos Ramírez Cárdenas fue interrogado de forma insistente por armas que supuestamente ocultaba, por personas a las que no conocía, y también por un llamado “Plan Z”.
Al no proporcionar las respuestas esperadas, fue sometido a graves actos de tortura: golpes de corriente eléctrica en el pecho, testículos y pies; golpizas reiteradas con puños en el estómago y culatazos en diversas zonas del cuerpo. Relató que las aplicaciones eléctricas lo dejaban descompensado, inmovilizado y sin fuerza, postrado en el suelo sin posibilidad de reacción.
“Ninguna reparación económica podrá borrar el sufrimiento”
La jueza Lorena Cajas Villarroel descartó todas las objeciones del Estado, incluidas la prescripción, la falta de legitimación activa y la tesis de que la justicia transicional ya habría reparado el daño.
Para la magistrada, la evidencia demuestra que Ramírez y su grupo familiar fueron víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales.
En su resolución, la jueza sostuvo que “ninguna suma de dinero puede borrar el sufrimiento que la familia ha debido cargar por décadas”, y fijó una compensación por daño moral y ordenó pagar 70 millones de pesos a Juan Carlos Ramírez, como víctima directa, y la suma de 135 millones de pesos distribuidos a su esposa y sus 3 hijos, cuyas vidas -según se reconoce en el fallo- también se vieron marcadas por lo ocurrido, “por las graves vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado en tiempos de la dictadura militar al padre de familia”, señala el documento.
La magistrada recalcó que los montos se definieron considerando las características particulares de este caso, pese al aumento de demandas similares en los últimos años. Cada historia, afirmó, “tiene elementos propios que deben ser ponderados individualmente.”
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