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Sin embargo, llama la atención que no ocurriera lo mismo respecto de los recursos que recibirán por este concepto las municipalidades, a pesar de la propuesta expresa del CPLT en tal sentido y de la buena acogida que ésta tuvo en parlamentarios, de diversas tendencias políticas, que la presentaron a trámite.
Superada la habitual premura en la aprobación de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026, cabe evaluar cómo se abordaron en ella los temas relativos a transparencia y acceso a la información pública.
Previo a su aprobación por el Congreso Nacional, a fines de noviembre pasado, el Consejo para la Transparencia (CPLT) envió en octubre al gobierno y al parlamento una serie de propuestas esenciales de perfeccionamiento normativo en materia de transparencia en el uso de recursos públicos, parte de las cuales fueron recogidas, mientras otras fueron lamentablemente omitidas.
Dentro del grupo de las propuestas incorporadas, encontramos la instauración de obligaciones de transparencia activa para el proceso asociado a la asignación y transferencia de recursos públicos a instituciones privadas, en la implementación y cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Transformación Digital del Estado. Y respecto de las medidas tendientes a implementar, la nueva Ley de Protección de Datos Personales dentro de los organismos del Estado.
Asimismo, y esta vez referido a los recursos que reciben las autoridades locales en virtud de la Ley sobre Royalty Minero y demás normativa aplicable (por medio de los fondos especiales dispuestos en dicha legislación), resulta valioso que se haya acogido el planteamiento del CPLT, consistente en establecer obligaciones de transparencia activa para los gobiernos regionales respecto de los montos recibidos y de los informes de ejecución presupuestaria de esos recursos.
Sin embargo, llama la atención que no ocurriera lo mismo respecto de los recursos que recibirán por este concepto las municipalidades, a pesar de la propuesta expresa del CPLT en tal sentido y de la buena acogida que ésta tuvo en parlamentarios, de diversas tendencias políticas, que la presentaron a trámite.
Es llamativo que los grandes ausentes de esta obligación sean los municipios, considerando que son y han sido foco de cuestionamientos en materia de uso y rendición de cuentas de los recursos que administran; que en el pasado sí fueron sujetos de esta obligación (en particular en la Ley de Presupuestos para el sector Público del año 2024); que los recursos que a ellos se les asignan conforme a esta ley son de libre disposición y que, conforme dio cuenta un informe de fiscalización del CPLT publicado este año, el uso de los cuantiosos recursos provenientes del royalty minero en 2024 fue muy vario pinto.
En efecto, el análisis del CPLT reveló que, aun cuando un 37% de los fondos totales se destinó a iniciativas de inversión, un 23% se gastó en bienes y servicios de consumo, un 18% en transferencias corrientes, un 12% en adquisición de activos no financieros y un 8% en gastos de personal.
Luego, haciendo un zoom al gasto de estos recursos, más allá de las iniciativas de inversión, éste incluyó pagos de honorarios a personal municipal, financiamiento de celebraciones y hasta compras de alimentos para mascotas.
La incorporación, en la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2024 de la obligación periódica de transparencia activa del uso de estos recursos en el ámbito municipal permitió al CPLT fiscalizar; pero, y más importante aún, posibilitó a la ciudadanía monitorear “en línea” y de manera regular y directa -a través del mecanismo de trasparencia activa- cómo se gastaban las autoridades locales los cuantiosos recursos recibidos, en cada una de las comunas beneficiarias
Considerando que en 2024 se entregaron por este concepto más de 90.000 millones de pesos a las municipalidades, cifra que en 2025 aumentó en más del doble, y que existe una amplia discrecionalidad en el uso de estos recursos, con la sola limitación de no poder usarse para pagar deudas municipales, el control social en este tema cobra especial relevancia.
No solo no se comprende lo ocurrido, sino que surge una pregunta más de fondo: ¿No será hora de ponerle el cascabel al gato y solucionar esta falencia de manera permanente a través de una modificación en la Ley del Royalty, en vez de depender de las leyes de presupuesto de cada año?
