Esta mañana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el pasado jueves 23 de octubre aterrizó en Santiago un vuelo chárter con 48 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.
Con estos, el número total de chilenos deportados durante la administración del presidente Donald Trump asciende a 224 personas, de las cuales 203 han regresado en vuelos chárter y 21 en vuelos comerciales.
De los ahora 48 deportados, 42 son hombres y 6 son mujeres. Según detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, “al momento de su llegada, seis de estas personas fueron puestas a disposición de la justicia chilena, debido a que mantenían órdenes de detención pendientes”.
“Se ha logrado garantizar un retorno ordenado, gracias al procedimiento efectuado en coordinación entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado”, explicó el jefe de gabinete.
Elizalde explica deportaciones desde Estados Unidos
En relación con el proceso, Elizalde aclaró que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no está dirigida específicamente a Chile, sino que se aplica de manera general a todos los países”.
Asimismo, recordó que “al arribo de los vuelos a nuestro país, se realiza el control migratorio, se verifica la identidad y la situación judicial de cada persona retornada; quienes registran órdenes de detención vigentes son puestos inmediatamente a disposición de la justicia”.
También reiteró el llamado a “utilizar la Visa Waiver con responsabilidad y a evitar siempre sobreestadías, cumpliendo con los plazos autorizados para prevenir deportaciones. El respeto a estas normas es fundamental para mantener un historial migratorio sin infracciones y garantizar futuros viajes a Estados Unidos sin inconvenientes”.
Finalmente, el ministro destacó que “desde el Ministerio del Interior reiteramos nuestro deber con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se desarrollen de manera ordenada y conforme a la ley”.