Existe consenso sobre la urgencia de reformar el sistema de créditos estudiantiles. Sus problemas son conocidos: enorme gasto público (10,8 billones entre 1990 y 2023), recuperación ineficiente, menor al 15% del gasto fiscal y una carga financiera excesiva para los deudores, que tienen a más del 60% de la población deudora morosa. Las soluciones, sin embargo, han sido esquivas.
Ninguna de las tres propuestas de créditos previas avanzó en el Congreso. La ausencia de condonación, la mantención de deudas individuales y la alta carga financiera impidieron alcanzar acuerdos que permitieran legislar.
El FES resuelve varios de estos problemas. Al igual que las propuestas previas, elimina la banca del sistema e incorpora un mecanismo de cobranza centralizado y contingente al ingreso. También protege mejor a los beneficiarios: establece un umbral de pago y un tope máximo del 8% de los ingresos mensuales.
El FES innova e incluye un plan de condonación para todos los deudores y reemplaza la deuda individual por una contribución temporal, de modo que el pago depende del número de años financiados y del nivel de ingresos.
Las simulaciones que realizamos con Dearden y Valdés señalan que el FES reduciría la carga financiera promedio mensual del 14% (CAE) al 4% y aumentaría la recuperación fiscal al 95% (frente al 40% del CAE).
En suma, el Estado gastaría menos y recaudaría más, porque las personas pagarían montos más pequeños pero constantes. Quienes no tengan ingresos no pagarán hasta recuperarse, sin enfrentar consecuencias por deuda impaga.
Aún existen mejoras pendientes: un 16% podría pagar más de tres veces el costo de su carrera. También el límite máximo de pago de 20 años tiende a concentrar los subsidios públicos en egresados de carreras de larga duración. Pese a ello, la principal crítica apunta a su supuesto impacto en la autonomía institucional, debido a la eliminación del copago para los deciles 7 y 9.
Esta crítica desconoce que la introducción de un copago desregulado implicaría incrementar el ya excesivo costo de la educación superior. Chile sigue siendo uno de los cinco países con aranceles más altos en la OCDE, con un crecimiento promedio de aranceles universitarios del 24,5 % (2010/24), pero con un 35% de su oferta incapaz de garantizar retornos positivos (FNE, 2025).
Por ello, reducir el copago y regular los aranceles resulta indispensable para resguardar la inversión pública y familiar, tal como lo hacen el Reino Unido y Australia, donde se prohíbe el copago y se fijan límites al cobro de aranceles.
El Ejecutivo ha reconocido los desafíos y se ha abierto a introducir un tope que impida pagos excesivos, fortalecer los fondos de investigación y evaluar copagos regulados a otros deciles.
Esta apertura ha permitido que el FES sea la primera reforma en 14 años en avanzar al Senado y contar con el apoyo del CRUCH para continuar la tramitación. Es vital no perder esta oportunidad y avanzar en un acuerdo que permita cerrar 45 años de créditos disfuncionales y transitar hacia un financiamiento sostenible y asequible para Chile.
Héctor Ríos Jara
Investigador Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones
Universidad Central de Chile
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