Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados defendieron los pagos de asignaciones a expresidentes. Justificaron las asignaciones por el trabajo de comisiones y por ley orgánica. Ossandón, presidente del Senado, defendió de igual manera la legalidad de estos pagos. Por su lado, el diputado Andrés Longton (RN) cuestionó las interpretaciones jurídicas.
De la misma forma en que lo hizo el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, los secretarios de la Cámara Alta y Baja, Raúl Guzmán y Miguel Landeros, respectivamente, defendieron los pagos de asignaciones a expresidentes de la República.
Sus posturas surgen luego de que se conociera un informe del 6 de agosto del 2020 -firmado por el fiscal del Senado, Javier Norero- que señalaba que los exmandatarios “sólo tienen derecho a percibir como única renta una dieta”, y “no al pago o reembolso de gastos de traslación y oficina”.
Secretarios de ambas Cámaras por pago de asignaciones
No obstante, 13 días después, se escribió un segundo informe -firmado también por Norero, y Guzmán-, en el que explican que el trabajo de las comisiones de régimen interno, la Ley de Presupuesto y la regulación por ley orgánica, justifican la asignación.
Así, tanto Landeros como Guzmán señalaron que calificar de “ilegal” los pagos de los últimos cinco años no es preciso.
Por su lado, Ossandón fue categórico al mencionar que el sistema, como está ahora, les “incomoda”, es “enredado” y “funciona mal”.
Con ello, el senador dijo que hablaría con el presidente Gabriel Boric, además de reafirmar su postura sobre que se pague una pensión por su carácter de legal, pero que se eliminen los reembolsos de gastos operacionales.
Pese a las explicaciones y el cierre de filas de ambas Cámaras en torno a la legalidad, el también RN, Andrés Longton, dijo que “no le cierran” las interpretaciones jurídicas de los secretarios.
Longton dijo que lo más importante es que el año 2020 se tramitó una ley que eliminó los reembolsos de gastos operacionales a los expresidentes, y que la Ley de Presupuesto, para aprobar las dietas anualmente, se sigue basando en esa normativa.
El legislador deslizó, además, cierta “creatividad” por parte de Guzmán y Landeros para respaldar los pagos.
Por su lado, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, aseguró que es de extrema gravedad sugerir que el Congreso ha estado pagando dineros ilegalmente a personas que no son funcionarios públicos.
Soto declaró que lo mínimo que esperaría de alguien que cree eso es que presente alguna acción civil o penal para la restitución de dineros, o la responsabilidad de funcionarios de control interno del Senado.
Actualmente, los expresidentes de la República -que están vivos- reciben 7 millones 438 mil pesos brutos, y tienen topes para rendir gasto: cerca de 8 millones y medio para arriendos de oficinas, pago de un teléfono, contratación de secretarías o personales de apoyo.
Además, tienen un tope de 1 millón y medio de pesos para gastos de traslado mensual.
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