NDR: Si bien en un principio se publicó información respecto a que la Corte de Apelaciones había abierto un cuaderno de remoción, posteriormente desde el Poder Judicial se pidió aclarar que solo era una “sugerencia”.
“Por un error de transcripción en la información difundida ayer respecto de las medidas adoptadas en contra del ministro Antonio Ulloa se omitió señalar que la apertura del cuaderno de remoción es una sugerencia a la Corte Suprema”, indicó el organismo en un correo enviado a este medio.
Valorando la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados aseguró que la suspensión y la sugerencia de la apertura de un cuaderno de remoción contra el ministro Antonio Ulloa “es la vía idónea”, según indicaron a través de una declaración.
Recordemos que lo anterior se dio en el marco de una presunta intervención del magistrado en nombramientos judiciales, tanto a su favor como en otros jueces y fiscales. La decisión se basó en conversaciones entre Ulloa y el abogado -e imputado- Luis Hermosilla.
Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados indicaron que cuando las instituciones “actúan con honestidad y equidad, se fortalece el Estado de derecho y la credibilidad social”.
“Acciones en contrario representan una grave amenaza a la legitimidad del sistema judicial y al pacto de confianza que debe existir entre la ciudadanía y las instituciones”, complementaron.
Por eso, a su juicio, “la decisión adoptada por el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a raíz de los hechos que involucran al Ministro Antonio Ulloa Márquez es la vía idónea”.
“Asimismo, como Asociación valoramos la existencia de mecanismos institucionales para investigar hechos que puedan constituir faltas graves al deber judicial o eventuales ilícitos penales. La labor jurisdiccional exige de quienes la ejercen no solo competencia técnica y conocimiento jurídico, sino también una conducta personal y profesional irreprochable”, agregaron.
Concluyendo “como asociación, reafirmamos nuestro compromiso con una justicia íntegra, independiente y abierta al control social. Reiteramos además que toda denuncia grave debe ser tramitada con celeridad, transparencia y apego a los principios que inspiran el Estado de Derecho, como condición indispensable para asegurar que el Poder Judicial siga siendo un garante efectivo de los derechos fundamentales y del orden democrático”.
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