NDR: Si bien en un principio se publicó información respecto a que la Corte de Apelaciones había abierto un cuaderno de remoción, posteriormente desde el Poder Judicial se pidió aclarar que solo era una “sugerencia”.
“Por un error de transcripción en la información difundida ayer respecto de las medidas adoptadas en contra del ministro Antonio Ulloa se omitió señalar que la apertura del cuaderno de remoción es una sugerencia a la Corte Suprema”, indicó el organismo en un correo enviado a este medio.
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió suspender por cuatro meses al ministro Antonio Ulloa, por su presunta intervención en nombramientos judiciales, tanto a favor del propio magistrado como de otros jueces y fiscales. La decisión se basó en conversaciones entre el juez Ulloa y el abogado Luis Hermosilla.
Estas acciones están siendo investigadas por el presunto delito de tráfico de influencias, en coordinación con Hermosilla, quien enfrenta diversas causas por corrupción, incluido el conocido caso Audio.
El tribunal también resolvió sugerir la apertura de un cuaderno de remoción contra Ulloa y enviar los antecedentes al Ministerio Público, que ahora deberá indagar posibles delitos vinculados al tráfico de influencias.
La resolución fue adoptada con la participación de 21 ministros. De manera unánime, también se determinó que el juez quede suspendido de sus funciones de forma inmediata.
El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Fernando Carreño, explicó que los ministros que se inhabilitaron en esta causa, responden a quienes fueron interrogados o tuvieron algún grado de participación en la investigación encabezada por la fiscal judicial Javiera González.
El ministro agregó que las conductas atribuidas a Ulloa no corresponden al estándar que exige el cargo.
Por su parte, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, reflexionó sobre el impacto del caso y destacó que, aunque el Poder Judicial tiene zonas poco visibles, es capaz de reaccionar, especialmente cuando las situaciones se hacen públicas.
Leturia también advirtió que el proceso que se abre obligará al sistema a enfrentar situaciones dolorosas y verdades incómodas, pero que esto es indispensable para avanzar hacia instituciones más sólidas y confiables.
Con estas medidas, la Corte de Apelaciones activa un procedimiento que podría derivar en sanciones administrativas y eventuales responsabilidades penales para el magistrado.
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