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En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Chile, surge el debate sobre si los civiles deberían tener el derecho de portar armas. Mientras figuras de extrema derecha como Johannes Kaiser y José Antonio Kast abogan por una flexibilización de la Ley de Control de Armas, otros sectores políticos se oponen debido a los riesgos para la seguridad pública. La violencia en zonas rurales ha llevado a cuestionar si permitir a los civiles portar armas para defenderse es prudente, especialmente tras casos como los asesinatos de Dimitri Weiler en Colina y Carolina Calleja y Rodrigo González en Graneros. Sin embargo, autoridades municipales rurales como Jaime Escudero de Pirque y Roberto Pérez Catalán de San José de Maipo rechazan la idea, enfatizando en la necesidad de fortalecer la labor de las fuerzas de seguridad estatales.
¿Porte de armas por parte de civiles? Es una de las preguntas que se generan en torno al debate en medio de la crisis de seguridad que afecta al país.
Si bien, algunas figuras de extrema derecha, como el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, o el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, han demostrado abiertamente su postura frente a una flexibilización de la Ley de Control de Armas, su opinión no es compartida por un amplio espectro político, debido a los riesgos que supone para la seguridad pública.
El fenómeno de violencia en zonas rurales, donde predomina una serie de factores que permiten que el delito prolifere de manera más expedita, ha derivado en el cuestionamiento de si es prudente que civiles puedan portar un arma para defenderse de los ilícitos que pudiesen afectarlos.
Hechos como el asesinato de Dimitri Weiler en Colina el pasado viernes 28 de febrero, o el doble homicidio de Carolina Calleja y Rodrigo González en Graneros la madrugada del 12 de marzo, son muestra de cómo el delito ha ido trasladándose a zonas más alejadas.
Pese a lo anterior, diversas autoridades comunales, sobre todo de municipios rurales, son tajantes en recalcar que el monopolio de la fuerza lo tienen las policías y las Fuerzas Armadas, descartando cualquier tipo de recomendación a la ciudadanía a adquirir armamento para enfrentar la delincuencia.
Uso de armas
El alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Jaime Escudero, sostuvo no estar de acuerdo con cualquier iniciativa de este tipo, puesto que no sería un acto muy responsable de su parte.
El jefe comunal indicó que el portar un arma requiere capacitación y preparación, por lo que fue enfático en desistir de cualquier recomendación a la ciudadanía para adquirir armamento y enfrentar el delito por su propia cuenta.
Escudero, sostuvo que el camino es organizarse como Estado para enfrentar el delito, y desde los municipios aportar con medidas como expandir el trabajo que realizan los funcionarios de seguridad municipal y permitir que estos puedan portar armamento no letal.
Por su parte, el alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez Catalán, indicó que la salud mental está bastante mal como para permitir que la ciudadanía se arme, por lo que lo importante es que los organismos del Estado se enfoquen en hacer una tarea más prolija a la hora de enfrentar la delincuencia.
Al igual que su colega de Pirque, Pérez Catalán sostuvo que una de las alternativas puede ser que los funcionarios de seguridad ciudadana puedan portar armamento no letal.
Alto poder de fuego
Finalmente, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, apuntó a que es muy lamentable el avance que ha tenido la violencia en sectores rurales, declarando que conoce muy de cerca la realidad en aquellos lugares.
Respecto al uso de armas por parte de civiles para enfrentar la delincuencia fue categórico, la legislación debe cumplirse y la ciudadanía debe refugiarse en el trabajo que realizan las policías, sin embargo, recalcó que deben actualizarse frente al alto poder de fuego que tiene el crimen organizado.
Actualmente, la Ley de Control de Armas de Chile prohíbe la posesión, transporte, almacenamiento, distribución, y otros usos de armas, elementos e instalaciones sin autorización oficial. Esta podría ser emitida por la Dirección General de Movilización Nacional para personas mayores de 18 años que, por ejemplo, acrediten un riesgo real para su integridad personal.
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