La Cámara Baja aprobó este martes, con 71 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, una solicitud de la Bancada Republicana para exigir al Gobierno que actualice y entregue las cifras de homicidios correspondientes a 2024. La iniciativa surge tras meses de retraso en la publicación de datos oficiales, que solo reflejan la situación hasta junio de 2024.
El diputado Agustín Romero, impulsor de la medida, cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo. “¿Cómo pretende el gobierno combatir la delincuencia si ni siquiera se toma la molestia de actualizar las cifras de homicidios?”, expuso. Romero vinculó la demora a un aumento de hechos violentos, como el reciente ataque contra el concejal Francisco Rodríguez en Maipú, descrito por el parlamentario como “una vergüenza”.
Según el legislador, Rodríguez “fue brutalmente golpeado y asaltado por delincuentes armados, en plena vía pública, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo”. El episodio, según Romero, refleja un patrón de inseguridad y que “esto no es un hecho aislado. Es el Chile que ha construido este gobierno fracasado”.
Cifras desglosadas de delitos
La solicitud de la Cámara exige al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de Prevención del Delito entregar datos desglosados por región y comuna desde enero de 2022. Entre los requerimientos figuran el número total de delitos violentos, robos con violencia, violaciones, lesiones graves y la evolución mensual de estos crímenes.
Romero también pidió comparar las cifras con años anteriores y detallar homicidios consumados y frustrados, diferenciando autores conocidos y desconocidos. “Es inaceptable que el gobierno lleve una demora de nueve meses en la actualización de las cifras oficiales”, insistió el diputado, calificando la situación como “negligencia”.
Además, el pedido incluye estadísticas sobre homicidios vinculados a crimen organizado, bandas delictuales y mafias extranjeras, identificando regiones y comunas con mayor incidencia. También se solicita información sobre incautaciones de drogas —tipo, cantidad en kilos— y armas decomisadas, separando armas de fuego y blancas.
El legislador agregó un apartado sobre detenciones: cantidad de arrestos por delitos violentos y narcotráfico, porcentaje de imputados formalizados y estado procesal de los casos. Finalmente, pidió datos sobre personas con medidas cautelares o condenas, y si cumplen penas efectivas o beneficios.
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