Proponen aumentar las penas a reos que provoquen destrozos en cárceles

El diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, presentó un proyecto que busca aumentar las penas para aquellos reos que provoquen destrozos en los recintos penitenciarios del país.

Cabe destacar que el legislador observó in situ los graves daños con que resultaron las dependencias de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), por parte de los integrantes del grupo criminal venezolano “Tren de Aragua”.

En ese sentido, el documento -que modifica el Artículo 485 bis del Código Penal-, explica que las condiciones carcelarias inciden en la reinserción social y que este tipo de ilícitos son “pluriofensivos”, pues afectan “la propiedad fiscal, el ejercicio de la autoridad y la seguridad integral del establecimiento”.

A lo anterior se suma que este tipo de conductas son un peligro tanto para los gendarmes como para el resto de los reclusos, ya que con los restos de los destrozos se pueden elaborar armas cortopunzantes para agredir a los custodios o a otros internos.

Según resaltó el parlamentario, la iniciativa tiene el respaldo transversal de sus pares, desde Republicanos al PPD.

“Hemos presentado un proyecto de forma transversal de los integrantes de la Comisión de Seguridad para sancionar de forma específica a aquellas personas privadas de libertad que generen daños al interior de los centros penitenciarios”, sostuvo el diputado.

En esa línea, el legislador añadió que “lo ocurrido en la CAS es de máxima gravedad y esto no puede quedar sólo como una falta o como una situación que sea exclusivamente del régimen disciplinario interno. Esto debe ser sancionado de forma penal de manera drástica porque afecta la seguridad de los gendarmes y de los mismos centros penitenciarios”.

De ser aprobado, el proyecto permitirá aumentar las penas contenida actualmente en el Artículo 485 bis del Código Penal de 540 a tres años de cárcel, en caso de cualquier daño a la infraestructura penitenciaria, mientras que en el caso de que se vean afectados los sistemas de vigilancia o de seguridad de los recintos, se aplicarán entre tres y cinco años como pena.