El objetivo del proyecto analizado por la Comisión de Obras Públicas, es prohibir y sancionar la comercialización, tenencia y uso de estos dispositivos que interfieren señales de comunicaciones.
El uso de inhibidores de señales ha proliferado en bandas de crimen organizado en nuestro país. Por ello, el gobierno presentó un proyecto para prohibir la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de estos dispositivos electrónicos.
El texto inició su tramitación en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, que aprobó, por unanimidad, la idea de legislar la materia.
Los subsecretarios del Interior y de Telecomunicaciones presentaron ante la instancia el proyecto, que concitó el respaldo de las y los diputados, quienes pidieron a las autoridades apurar su tramitación.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comprometió fijar suma urgencia al proyecto. Por su parte, la comisión acordó fijar como plazo para presentar indicaciones el 8 de abril próximo.
Prohibir inhibidores de señales
Monsalve explicó que el objetivo de la iniciativa “es dificultar el uso de tecnologías para la comisión de delitos”. Añadiendo que, principalmente, estos afectan al transporte de carga, por ejemplo, en el robo de cobre, salmones y madera.
Dichos inhibidores de señal o “jammer” se usan con el fin de interferir una señal telefónica, de internet, GPS y botones de pánico, en la comisión de delitos contra camioneros que son asaltados.
En tal sentido, precisó que la norma propuesta modifica la Ley General de Telecomunicaciones, que ya sanciona su uso malicioso. Ahora se establece un nuevo tipo penal referido a su tenencia y establece como figura agravada utilizar estos dispositivos para bloquear señales de transporte marítimo, aéreo o redes de servicios de telecomunicaciones y de policías, entre otras.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, remarcó que la prohibición de uso de los inhibidores de señal ya está regulada; porque emiten ondas de radio que no están previamente autorizadas.
Añadió que, en el caso de los GPS, los dispositivos emiten una señal de mayor volumen que inhibe su funcionamiento. De este modo, se utilizan en asaltos a conductores, para dejarlos incomunicados, y en robo de tiendas. Incluso, afectan la labor policial impidiendo que los funcionarios puedan usar sus equipos móviles.
Sanciones
La propuesta legal sanciona con penas de 61 a 540 días (presidio menor en su grado mínimo) al que fabrique, comercialice, utilice, tenga o porte uno o más inhibidores de señal. Así también una multa de 11 a 20 UTM.
Además, fija una pena más severa desde 3 años y un día a 10 años (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo), para quienes interrumpan señales de naves, aeronaves o torres de control de tráfico aéreo. Así como de redes o servicios de telecomunicaciones de servicios esenciales o de especial relevancia para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Defensa Nacional o Sistema de Inteligencia del Estado.
En cuanto a la importación y exportación, la pena corresponderá al delito de contrabando presente en la ordenanza de Aduanas. Por lo que se fija una sanción especial si el valor de los dispositivos no excediere las 20 UTM, a través de la pena de presidio menor en su grado mínimo, y multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del ilícito.
Asimismo, exime de la sanción de tenencia o porte de dispositivos electrónicos a quienes la entreguen a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en un plazo de 120 días desde publicada la presente ley.
Solo quedan exceptuados de utilizar estos inhibidores de señal las policías, las FFAA, Gendarmería de Chile y la Agencia Nacional de Inteligencia. Además, la Presidencia de la República, y las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.
Testimonio de camioneros
Para comentar esta iniciativa legislativa, la comisión escuchó a Iván Mateluna, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso.
Este se refirió a los asaltos a conductores que transportan carga y contenedores, principalmente en la zona central y región del Bío Bío. Explicó que se desactivan los GPS de los camiones y los choferes son secuestrados, para robarles el camión y la carga.
Denunció que dichos delitos ocurren a diario, por lo que ya no trabajan de noche en los puertos para transportar carga de importación.
En ese sentido, valoró el avance con este proyecto, pero pidió aumentar las penas por robo de camiones y el asesinato de conductores.
Además, se escuchó el testimonio de Ariel Cerna, camionero que fue asaltado hace dos años en la ruta 68 cuando se dirigía al aeropuerto. Fue amenazado con armas de fuego y secuestrado por más de dos horas y dejado en una calle de Santiago. El trabajador pidió poner el énfasis en las personas que temen por sus vidas al desempeñar su trabajo.
