La modelo fue acribillada mientras estaba en un restaurante, estaba ligada a una supuesta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria.
En Ecuador, la violencia criminal continúa manifestándose a pesar de los esfuerzos del Estado por controlarla. Un claro ejemplo de esta situación es el reciente asesinato de Landy Párraga, una exreina de belleza de 23 años, quien fue asesinada a tiros en un restaurante de Quevedo, en la provincia tropical de Los Ríos.
Este hecho se suma al ataque a dos alcaldes en las últimas dos semanas, marcando una escalada en la ola de violencia que azota al país.
Landy Párraga, conocida en su comunidad por su activismo social y su presencia en redes sociales con cerca de 150,000 seguidores, era además directora ejecutiva de una firma importadora.
En el ámbito social, Párraga se destacó por su trabajo voluntario en el Centro Gerontológico de Quevedo y por su participación en proyectos de construcción de refugios tras el devastador terremoto de 2016 en Manabí.
Sin embargo, su nombre apareció vinculado en una vasta trama de corrupción que involucra jueces, policías y políticos, desvelada tras el asesinato en prisión del presunto narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero a finales de 2022.
Landy Párraga y posibles vínculos con el narcotráfico
La investigación, conocida como el caso ‘Metástasis’, reveló conversaciones en las que se mencionaba a Párraga, aunque ella no tenía antecedentes penales.
En una de estas conversaciones interceptadas, Norero expresaba su preocupación por desvincular a Párraga de cualquier conexión con él, especialmente ante las autoridades judiciales y su propia familia.
La trama de ‘Metástasis’ destapó además la infiltración de bandas criminales en estructuras estatales y judiciales, complicando aún más el panorama de seguridad en el país.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró en enero un “conflicto armado interno” contra estos grupos, a quienes ahora se refiere como “terroristas”, en un intento por frenar esta espiral de violencia que ha cobrado varias vidas y sigue desafiando la capacidad del Estado para restaurar el orden.
