"Conmiseración" fue el concepto que se tomó la semana a raíz de un documento proveniente desde Punta Peuco. Esto, reabrió el debate: ¿Se debe cerrar la cárcel en la que están los reos condenados por violaciones a los Derechos Humanos? Mientras algunas voces hablan de sistema de impunidad, otros recuerdan la sobrepoblación penal que existe en el país.
La carta de 27 reos de Punta Peuco, en la que pidieron “conmiseración”, reabrió el debate sobre el futuro del centro penitenciario que alberga a condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Fue el pasado mes de agosto en que se redactó dicha misiva que incluso generó molestia en internos como Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann que, sumando las condenas, superan los 1.200 años de cárcel por cumplir.
“Lo que traté de hacer es buscar un gesto que ayudara a la reconciliación (…) hay muchos tipos de presos, por lo tanto es imposible lograr que todos confluyan”, dijo el diputado exrepublicano Gonzalo de la Carrera.
Reacciones tras la misiva de los internos de Punta Peuco
Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri remarcó que para que esa solicitud tenga validez “tiene que ser respaldada por el Ejecutivo a través de un indulto o una ley”, algo que el Gobierno descartó de inmediato.
Y sobre la acusación de los internos contra los altos mandos, agregó que es un debate largo y que, en nuestro país, lo jueces “han ido al autor material” más que a este tipo de responsabilidad.
Su par de oposición, el diputado Juan Antonio Coloma declaró que instalar el debate en el Congreso no corresponde legalmente porque “son los tribunales los que tienen que resolver”.
Desde la vereda opuesta, el diputado Tomás de Rementería (PS) fue más duro y los calificó de “bestias que habitan en Punta Peuco” y que al ser “asquerosas personas”, le parece que por ningún motivo deben tener algún tipo de beneficio.
“En la carta no se arrepienten de nada”, dijo la diputada comunista Karol Cariola. Algo que fue compartido por el socialista Leonardo Soto, quien agregó que el documento “refleja la idea de blanquear su responsabilidad”.
La postura del Gobierno
Este mes, con 54 votos a favor y 36 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita el cierre del recinto carcelario.
Algo que va en la línea del gobierno del presidente Gabriel Boric que, cuando era candidato, declaró -el 10 de septiembre de 2021- que “cerraría Punta Peuco, eso no queda ninguna duda”.
“No queremos ningún tipo de cárcel con privilegios especiales”, dijo al medio regional TVU. Dos años más tarde, ya gobernando, la ministra Camila Vallejo insistió en que el recinto “significa privilegios intolerables”.
En tanto, su par de justicia, el ministro Luis Cordero descartó la posibilidad, apelando a las condiciones actuales del sistema penitenciario en Chile.
“Hace algunos años estábamos en condiciones de cerrar penales, pero hoy tenemos una situación de sobrepoblación (…) las personas que están ingresando condenadas por delitos de violación de DD.HH hace rato que ya no están ingresando a Punta Peuco, sino que a Colina”, explicó.
Para el PhD en Ciencia Política, Marco Moreno, pareciera ser que en el Gobierno ha ido ganando espacio la idea que tenga un objetivo distinto al que tiene hoy día albergando exmilitares o exuniformados.
Y su análisis va más allá, para el también profesor de Historia, el Estado ha tenido cierta incapacidad “para enfrentar adecuadamente este problema de cómo ejercer efectivamente la justicia para aquellas personas acusadas, juzgadas y sentenciadas por crímenes de lesa humanidad”.
Lo anterior porque, pese a que esté administrada por Gendarmería, “evidentemente no ha sido fácil” y, entre otras cosas, los militares siguen teniendo algún elemento de influencia en las decisiones que se toman por parte de los Gobiernos.
La problemática de la sobrepoblación penitenciaria
Según el último informe de Gendarmería -actualizado al 1 de agosto de 2023- en Chile hay 51.148 personas privadas de libertad, lo que se traduce en una sobrepoblación penal de 122,9%.
Esto, considerando que la capacidad total es de 41.631. El hacinamiento va en crecida durante el último año porque, a la misma fecha de 2022, la sobrepoblación era de 103,4%, es decir, se registró un aumento superior al 20% en el país.
Destacando que Punta Peuco “es una cárcel exactamente igual que todas las demás sujetas al mismo régimen carcelario”, el exministro de Justicia de Bachelet, Isidro Solís, dijo no compartir las expresiones que dicen que el recinto sería “una especie de sistema de impunidad”.
Y en base a su experiencia como exdirector nacional de Gendarmería, añadió que la administración de los establecimientos carcelarios debe entregarse al servicio penitenciario y no a las discusiones políticas.
“Instrumentalizar una cárcel de acuerdo a lo que sean las sensibilidades políticas es una más de las perversiones que uno puede tratar de introducir en el sistema legal”, dijo.
Propuesta de “incentivos”
El mes pasado, desde la centroizquierda se apoyó una iniciativa -impulsada por el diputado socialista Juan Santana– que busca reconvertir dicha cárcel para mujeres reclusas embarazadas o con hijos.
Así, el proyecto respaldado desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC), tiene por finalidad concretar el traslado de los condenados de Punta Peuco a un módulo especial de Colina I.
A un mes exacto, el mismo oficialismo llegó a Morandé 107 para entregar una carta al ministro Cordero pidiendo respaldo y repensar el uso que se le está dando a dicho recinto, pensando en la “población prioritaria”.
En la instancia, el diputado Luis Cuello (PC) indicó que “el otorgamiento de privilegios para criminales de lesa humanidad es también una forma de impunidad (…) es una señal que responde a una demanda histórica”.
Otras alternativas
“¿Qué gesto de humanidad han tenido con ellos? Ninguno”, dijo el senador Iván Moreira (UDI) al plantear la opción de dar “incentivos” a los exmilitares que cuenten con información sobre los Detenidos Desaparecidos.
En esa línea, planteó que “están muriendo como perros ahí, así están muriendo todos esos soldados, entonces nadie te va a dar ninguna información y eso nunca se va a saber”.
Desde ‘el partido de Allende’ reaccionaron de inmediato y comentaron que quienes cumplen condena en la cárcel ubicada en Til Til “son gente que merece secarse en la cárcel” y que la iniciativa de Moreira es inmoral.
Por el contrario, el diputado que presentó la carta de los 27, Gonzalo de la Carrera, dijo a BioBioChile estar de acuerdo con lo propuesto por Moreira, aún así advirtió que la información no está.
“Se la llevaron a la tumba (…) no tienen idea que hicieron sus jefes. Esa información no está, aquí está el eslabón más bajo de la cadena”, indicó.
En búsqueda del “perdonazo” a los reos de Punta Peuco
Cuestionada fue la enmienda presentada por el Partido Republicano en el Consejo Constitucional que proponía que personas mayores de 75 años, o que padezcan enfermedades terminales, cumplan condena en su domicilio.
Reconociendo que la idea provocó una reacción que ralentizaba el proceso, en voz del consejero Luis Silva, la colectividad de José Antonio Kast retiró la propuesta. Aún así, esa no fue la única.
Un mes antes, específicamente el 19 de junio, senadores de Chile Vamos ingresaron un proyecto para “regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad” para determinados privados de libertad.
Las condiciones son tres: el padecimiento de una enfermedad terminal, de un menoscabo físico grave e irrecuperable y tener o haber cumplido 70 años en el caso de los hombres y 65 años en el caso de las mujeres.
Algo que hizo que la Corte Suprema se pronunciara e indicara que si bien la norma se condice con los estándares internacionales, “podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado de Chile, como la de evitar la impunidad y la denegación interesada de justicia”.
Lo anterior, “relacionado a ciertos casos especialmente graves (…) tales como los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura entre 1973 y 1990″.
“La política y la contradicción se llevan bien”
Respecto a la propuesta antes mencionada, para el exministro Isidro Solís uno de los errores base es que no es “ni sincera ni neutra” porque responde a “una manera bastante encubierta de buscar algún beneficio que no se obtiene de otra manera”.
“El tema es si en el país se quiere establecer un sistema de beneficios carcelarios para la gente que está condenada por violación a los derechos humanos”, dijo.
Lo anterior, lo comparte el analista y académico Marco Moreno. En ese sentido, planteó que buscan “beneficios carcelarios especiales que tiene que ver con una lógica más bien electoral”.
Además, a su juicio, “tiene más un componente político que de efectividad jurídica y también se complica porque quienes están gobernando hoy, quienes son el oficialismo, no están disponibles”.
En concreto, se trata de la negativa para “aceptar un cambio de estas características a título de nada, porque efectivamente aún sigue habiendo un pacto de silencio entre los militares”.
Por su parte, el sociólogo Alberto Mayol destacó que “la política y la contradicción se llevan bien” porque “se requiere mantener al grupo propio lo más satisfecho posible”.
Para el también académico universitario, la actual oposición criticó los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric y lo tildó de “una especie de crimen en sí mismo”.
“Luego nos encontramos con que se está pidiendo beneficios especiales para aquellos que están condenados por violación a los Derechos Humanos”, afirmó.
Un eventual cierre, desde la mirada técnica y política
Finalmente, para Isidro Solís el establecimiento penitenciario en cuestión sí tiene una mejor segregación que otro, pero a lo que uno debería aspirar no es a empeorarlo, sino que a mejorar.
Y, en la misma línea que el Ministerio de Justicia, “en un país que está viviendo la crisis de hacinamiento carcelario que hoy día existe, sería una señal absolutamente contradictoria que uno cerrara una cárcel”, dijo.
Desde el análisis político, para Mayol el posible cierre “es todavía una materia compleja” considerando la interrogante de ¿por qué habría alguien de mover ese escenario sin tener claro qué va a hacer después?
“La discusión hoy es ancha”, aseguró, y va “desde cerrar el centro penitenciario para llevarlos a cárceles comunes y de alguna manera, aumentar su castigo, hasta la posibilidad de abrirse para negociaciones”.
En concreto, que “entreguen sus versiones verdaderas para encontrar los cuerpos de los Detenidos Desaparecidos (…) por eso ha sido difícil cerrar el centro penitenciario”, concluyó.
