La iniciativa planteada por los parlamentarios de derecha fue presentada al Senado el pasado 20 de junio, y tiene urgencia simple.
La Corte Suprema expresó reparos u observaciones al proyecto de ley presentado por parlamentarios de Chile Vamos que genera beneficios carcelarios especiales, los que favorecerían a presos recluidos en el penal Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad.
Se trata de una iniciativa creada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Ignacio Kuschel (RN) y Enrique Van Rysselberghe (UDI), que plantea una sustitución de la pena de reclusión por la reclusión domiciliaria total, cambiando el lugar de cumplimiento de la pena, pero sin anular la condena.
Para eso, el proyecto que establece tres condiciones para dar lugar a la sustitución indicada: el padecimiento de una enfermedad terminal; el padecimiento de un menoscabo físico grave e irrecuperable que da lugar a una dependencia severa; y tener o haber cumplido 70 años en el caso de los hombres y 65 años en el caso de las mujeres.
Proyecto muy similar a la enmienda ingresada por el Partido Republicano al anteproyecto de nueva Constitución y que plantea que “las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales cumplirán su prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio”.
Pero respecto de la iniciativa planteada por los senadores de Chile Vamos, la Corte Suprema aseguró al Senado que “deben hacerse algunas salvedades”. En primer lugar, el Tribunal establece que “si bien el proyecto se condice con los estándares internacionales” debe hacerse presente que la iniciativa “podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado de Chile, como la de evitar la impunidad y la denegación interesada de justicia”.
Dicha apreciación, agrega la Corte Suprema, hace especial “relación a ciertos casos especialmente graves de nuestra historia reciente, tales como los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura entre 1973 y 1990”.
Cade recordar que, tras la enmienda presentada por el Partido Republicano, el ministerio de Justicia detalló que de los más de 50 mil presos en Chile, solo 265 presos son mayores de 75 años. De ellos, 153 cumplen condena por violaciones a los derechos humanos, de los cuales, 73 están en Punta Peuco y 65 en el penal Colina Uno, mientras que el resto está en distintos centros penitenciarios de todo el país.
En un segundo punto, la Suprema asegura que el proyecto “puede dar lugar a cuestionamientos vinculados al principio de no discriminación arbitraria e igualdad ante la ley, en la medida que hace diferencias etarias relevantes para acceder a esta sustitución entre hombres y mujeres”.
La iniciativa planteada por los parlamentarios de derecha fue presentada al Senado el pasado 20 de junio, y tiene urgencia simple.
