Según el presidente de la CPC, "es fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente".
La Confederación de Producción y Comercio (CPC) reaccionó ante el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que descartó inconstitucionalidad en la ley que castiga con cárcel delitos económicos y medioambientales, insistiendo en que la norma “vulerna derechos fundamentales” y que necesita mejoras.
La resolución del TC se conoció este martes, luego de terminar la revisión y análisis del proyecto de ley para enfrentar los también llamados “delitos de cuello y corbata” y que termina con penas como “clases de ética”. En cambio, la norma propone multas por cada día de infracción penal y, eventualmente, penas de cárcel en casos particulares.
Al respecto, la CPC, a través de su presidente, Ricardo Mewes, aseguró que condenan “tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública”. De igual manera, comentaron que “cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
En tanto que respecto de la nueva norma, presentaron el “Téngase Presente” de la CPC ante el TC, ya que consideran que la nueva norma “no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias”.
La CPC, que reune a gremios como Sofofa, Sonami, CNC, CChC, SNA y la Asociación de Bancos, comentó que “cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista”.
“Esperamos que luego de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional y se promulgue la ley, se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros”, expresó Ricardo Mewes.
Según la CPC, “es fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación”.
“Necesitamos una muy buena ley”, cerró el presidente del gremio.
