"Todas las personas que pisan Chile, se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia", aseguró Pizarro, para explicar por qué con la plata de todos los chilenos se debe pagar la defensa de los imputados.
Como parte del análisis por la delincuencia que hoy acecha al país, las críticas y cuestionamientos al sistema judicial han apuntado hasta ahora, principalmente, al Ministerio Público y los tribunales. Sin embargo, no son pocos los dardos hacia la Defensoría, preguntándose la opinión pública por qué con la plata de todos los chilenos se debe pagar la defensa de los imputados.
La respuesta es fácil, pero difícil de entender para el ciudadano de a pie, que no comprende que toda sociedad civilizada y que se rige bajo un Estado de Derecho tiene la obligación de resguardar el debido proceso respecto de los imputados por delitos.
No es políticamente correcto para los abogados poner en tela de juicio el trabajo de los defensores penales, aunque algunos consultados por Radio Bío Bío, si creen que muchas veces la actuación ante los Juzgados de Garantía u Orales excede los límites.
Y esa crítica surgió cuando la defensora del venezolano Luis Lugo Machado, imputado en la investigación por el crimen del carabinero Daniel Palma, pidió al Juzgado de Garantía de Concepción mantener la libertad vigilada a la que fue condenado el extranjero el año pasado por el delito de porte de arma prohibida.
Justamente respecto a esa solicitud fue la primera pregunta al defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, durante un punto de prensa esta semana, al pedirle explicar la razonabilidad detrás de la petición.
La respuesta de Pizarro apuntó más al argumento utilizado para oponerse a que se revocara el beneficio. Por eso la insistencia en la consulta. ¿Qué futuro tenía la petición de la defensora para que a Lugo Machado se le permitiera cumplir en libertad la sanción decretada, ad portas de una formalización en Santiago, arriesgando varios años en la cárcel?
“Todas las personas que pisan Chile, se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia”, explicó Pizarro.
Sobre los comentarios públicos y en redes sociales, que responsabilizan a la Defensoría por el clima de inseguridad, la siguiente pregunta al defensor regional fue si admitía el organismo algún efecto a raíz de la eficiencia de su trabajo en los índices de delincuencia actuales.
Por último, la consulta fue sobre los límites que tiene la Defensoría en el uso de herramientas y argumentos para representar a una persona imputada ante un tribunal, admitiendo Osvaldo Pizarro que el Ministerio Público tiene más límites que la Defensoría Penal.
Son frecuentes las críticas a la Fiscalía cuando pide penas que ningún juez aplicará o una cautelar que objetivamente está por sobre la gravedad del delito investigado, acusándose a ese organismo de sembrar sobre expectativas en las víctimas.
La pregunta entonces es si no se excede también la Defensoría cuando pide el arresto domiciliario para una persona en una pensión o residencial, o el cumplimiento de una condena en libertad para un imputado que ha demostrado un nulo respeto por la ley y que además se vio envuelto en el homicidio de un policía.
