Agrupaciones de extranjeros, abogados penalistas y académicos valoraron las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien el día de ayer hizo un cuestionamiento a los procesos de expulsión masiva de migrantes.
Estas serían “medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general, y por la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de Todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular”, manifestó el día de ayer el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en el marco del día Mundial del Refugiado.
La vocera de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, valoró las palabras de la autoridad Poder Judical, pero señaló que la eventual vulneración de derechos en estos actos administrativos ya se había evidenciado en febrero pasado.
Los derechos a la libertad individual y seguridad personal de los migrantes irregulares serían los comprometidos en las expulsiones masivas.
En ese sentido, se requiere que éstas sean el resultado de un proceso individual que permita evaluar las circunstancias personales de cada sujeto, que no resulte discriminatorio”, enfatizó Guillermo Silva.
Para la abogada penalista, María Elena Santibáñez, en el proceso de deportación de una persona, los Tribunales deben considerar su arraigo en el país, sobre todo si hay vínculos familiares.
El académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, Eduardo Thayer, expresó el hecho de que la Corte Suprema se manifieste respecto a este tema, demuestra la gravedad del problema que enfrentan muchos migrantes.
Recordemos que, hace una semana, el presidente del máximo Tribunal instruyó a las 17 Cortes de Apelaciones del país para que resuelvan los recursos de amparo pendientes en esta materia y otras, los fines de semana o en horario hábiles, según sea necesario.
