En un contexto de derrumbe histórico de la vacunación infantil en Argentina y con el sarampión nuevamente circulando después de haber sido declarado eliminado en 2016, la provincia de Mendoza avanzó con una medida inédita: presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no vacunaron a sus hijos y que, por lo tanto, incumplieron el calendario obligatorio y gratuito.
Se trata de denuncias formales que ya ingresaron al sistema judicial y que marcan precedente sin registros previos en el país.
La decisión se explica por un escenario urgente: brotes activos de tos convulsa y sarampión, coberturas por debajo del 50% en vacunas clave y un clima social atravesado por la desinformación antivacunas.
Siete bebés murieron por tos convulsa, según el último boletín epidemiológico, y se confirmaron 35 casos de sarampión hasta la fecha.
De hecho, hasta Chile emitió una alerta epidemiológica por la situación en Argentina, teniendo en cuenta el enorme flujo de visitantes que cruza la cordillera.
La iniciativa de denunciar a padres fue impulsada por el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones que dirige la funcionaria Iris Aguilar.
El objetivo, remarcan desde la provincia, no es punitivo, sino sanitario, aunque las sanciones previstas son claras y contundentes.
La Resolución N° 2572 de Mendoza habilita a sancionar a padres, tutores o cuidadores que se nieguen a cumplir con el calendario obligatorio de vacunación.
Las penas incluyen multas que superan los 300.000 pesos argentinos (unos 188.000 chilenos), arrestos de hasta cinco días o la imposición de trabajos comunitarios.
El respaldo legal se completa con la Ley Nacional N° 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y fija un principio central: la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.
“El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, explicó Aguilar al respecto.
Desde el Ministerio de Salud provincial reconocen que la vacunación escolar en Mendoza se mantiene por encima del 80%, un porcentaje que consideran aceptable, pero insuficiente.
Para evitar la reaparición de enfermedades eliminadas o bajo control, la cobertura debería superar el 95%.
El mayor déficit, según detalló Aguilar, aparece en las vacunas que se aplican a los 15 meses de vida, una caída que se vincula con la disminución de los controles de niño sano, que con el paso del tiempo se vuelven más espaciados y pierden regularidad.
Tras la concreción de las denuncias, la directora del Programa de Inmunizaciones denunció amenazas recibidas por correo electrónico y redes sociales.
“Desde que se publicó la resolución hemos recibido amenazas por mail y redes sociales, de todo tipo, por parte de grupos intolerantes antivacunas”, declaró días atrás.
Paradójicamente, la judicialización produjo un efecto inmediato. Luego de que se conociera que el Ministerio de Salud de Mendoza había denunciado a padres por no cumplir con el calendario obligatorio, más de 70 familias se presentaron de manera voluntaria para regularizar la situación y vacunar a sus hijos.
“No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, dijo el titular de la cartera de Salud en diálogo con Infobae.
Argentina, entre baja cobertura de vacunación, brotes y un “hombre magnetizado”
La ofensiva judicial de Mendoza se da en medio de semanas de debate social intenso por la caída de la vacunación en todo el país.
El punto más alto de la grosera controversia ocurrió el pasado 27 de noviembre en el Congreso Nacional, cuando la diputada del PRO Marilú Quiroz encabezó una exposición antivacunas con la presentación de un hombre (“José Daniel Fabián”), quien mostró cómo algunos objetos metálicos se le pegaban a la piel, en un intento por desacreditar las vacunas contra el Covid-19.
El episodio fue repudiado por el Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, que reforzó su llamado a la vacunación segura: “Las vacunas del calendario nacional están probadas hace años y previenen enfermedades graves. Cada vacuna incluida pasó por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficacia”.
Según los últimos datos oficiales de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el país trasandino registra tasas inferiores al 50% en vacunas esenciales como poliomielitis, difteria y sarampión, cuando hasta hace pocos años superaban el 90%.
En 2024, último año con datos consolidados, ninguna de las inmunizaciones obligatorias y gratuitas alcanzó la meta del 95% necesaria para garantizar la inmunidad colectiva.
La situación es especialmente crítica en la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas y es aplicada a los cinco años. Del promedio del 90% entre 2015 y 2019, cayó al 46,7%.
En esa misma franja etaria, el refuerzo contra la polio descendió del 88% al 47%, mientras que la triple bacteriana celular bajó del 88% al 46%.
Ante el inminente aumento del flujo de turistas argentinos por las fiestas de fin de año y la temporada de verano, el gobierno de Chile emitió una alerta epidemiológica por sarampión, reforzó controles fronterizos y volvió a insistir en la vacunación como única herramienta efectiva de prevención.
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