El exjuez español Baltasar Garzón dijo este viernes que las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) cometidos en Chile en las protestas de 2019 fueron una “política sistemática”, razón por la que pidió a la Corte Penal Internacional investigar al presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad.
“Los crímenes responden a una política generalizada del Gobierno chileno, a cuyo frente está Piñera, y fueron realizados de forma sistemática durante varios meses”, aseveró Garzón, cuya fundación envió el jueves a La Haya (Países Bajos) una solicitud de investigación junto a diversas organizaciones chilenas y europeas.
El texto, al que tuvo acceso agencia EFE, también señaló a los colaboradores “civiles y militares” de Piñera como autores de estos presuntos crímenes, cometidos durante el estallido social que vivió nuestro país, con masivas marchas que dejaron decenas de muertos, cientos de lesiones oculares miles de heridos.
La crisis social, la más grave que hayamos vivido después de la dictadura de Augusto Pinochet, empezó como una protesta contra el alza en el precio del Metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
Las protestas dejaron episodios de violencia extrema con saqueos e incendios, además de pronunciamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los DDHH.
La petición de Garzón también la firmaron la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe determinar si tras esta denuncia abrirá un examen preliminar y una posterior investigación, un proceso que se podría alargar durante años.
Evitar la impunidad
En palabras de Garzón, durante la eventual investigación será clave la complementariedad entre la justicia internacional y la chilena ya que “hasta ahora lo que habido es impunidad” y no “una investigación efectiva” de los crímenes.
Según los denunciantes, muchos delitos cometidos durante el estallido social fueron “fraudulentamente” calificados “para favorecer su posterior impunidad” y sus investigaciones han sufrido “demoras injustificadas”.
El presidente de la Cchdh, Carlos Margotta, afirmó que se abrieron más de 11 mil investigaciones a raíz de la crisis social y que más de 6.300 fueron concluidas sin determinación de responsables.
“Homicidios, torturas, mutilaciones, detenciones arbitrarias y actos inhumanos causaron daño intencional a miles de habitantes (…). No podemos permitir la impunidad”, agregó Margotta.
Piñera ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas y si bien se refirió a los abusos policiales al comienzo de las protestas como “casos aislados”, casi dos meses después del estallido reconoció que hubo “atropellos a los DDHH”.
En medio de las polémicas, el Mandatario se comprometió a reformar Carabineros, el más señalado durante las marchas, cuyo director general dimitió tras varios incidentes.
Otras voces del Gobierno también han reconocido en este tiempo que las fuerzas policiales cometieron violaciones de DDHH en las manifestaciones, pero negaron “categóricamente” cualquier planificación del Gobierno o la Policía para que eso ocurriera, tal y como afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, en una entrevista con EFE en diciembre.
