Según adelantó una de las partes, en la audiencia fijada para febrero en Santiago se pedirá la reapertura de la indagatoria.
Los querellantes en el caso Asipes cuestionaron en duros en términos que la Fiscalía, tras cuatro años de pesquisas, no acreditara que los aportes de los industriales pesqueros a políticos del Bío Bío configuran los delitos de cohecho y soborno.
Por eso es que el senador de la región, Alejandro Navarro, fustigó que una nueva investigación por delitos de corrupción termine sin responsables, ya que el Ministerio Público decidió sobreseer y no perseverar en el caso de los responsables de Asipes y las empresas que aportaron millones de pesos a parlamentarios, exdiputados y funcionarios de Gobierno.
Quien justamente entregó los primeros antecedentes sobre la supuesta influencia de los industriales de la pesca en legisladores del Bío Bío fue el diputado comunista Hugo Gutiérrez.
Consultado por la decisión de la Fiscalía Regional del Bío Bío de cerrar sin formalizaciones la causa, dijo que le parecía vergonzoso que se llegara a esa conclusión después de cuatro años de pesquisas y todas las pruebas recopiladas.
Y entre esos políticos contra quienes la fiscal regional Marcela Cartagena no logró obtener pruebas para formular cargos están la senadora Jacqueline van Rysselberghe, de la UDI; el diputado RN, Frank Sauerbaum; el exsubsecretario de Pesca, el socialista Raúl Súnico; y el exdiputado PPD, Cristian Campos.
Ya notificados oficialmente de la resolución que cierra la investigación, los querellantes comenzaron a analizar los pasos a seguir, decidiendo ya el abogado Enrique Hernández, por el Sindicato Interempresas de Trabajadores de Naves, solicitar la reapertura de la indagatoria y lograr la formalización de los responsables del cohecho y el soborno denunciados.
Otros de los querellantes en representación de pescadores artensales, el abogado Pablo Manríquez, aseguró que con esta investigación quedó al descubierto la influencia de grupos de poder como Asipes sobre el trabajo del Congreso, deslizando que no descarta insistir para que se logre perseguir a todos quienes fueron investigados.
Fueron casi cuatro años de investigación, primero a cargo directamente del fiscal regional, Julio Contardo, y un grupo especial de la PDI, equipo disuelto al asumir la actual jefa del Ministerio Público en el Bío Bío, quien delegó a la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, las diligencias a partir de 2018.
