La Contraloría General de la República iniciará un sumario administrativo en la Municipalidad de Ñuñoa, luego de acreditar graves irregularidades en el programa de “mantención de jardines”. Al mismo tiempo se dará inicio a un juicio de cuentas para recuperar más de 112 millones de pesos que se habrían pagado de manera irregular a dos empresas contratadas por la casa edilicia.

Los hechos aparecen en el informe final 883 emitido por el organismo fiscalizador que dan cuenta -además- de situaciones que podrían revestir un eventual fraude al fisco, por lo que el organismo fiscalizador envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), como también al Ministerio Público, con miras a que se inicien las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo al documento, se revisaron los contratos con las empresas Gestión Activa Mantención Construcción SpA (GAMC), como también SOLOVERDE S.A, otorgados entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de agosto de 2019.

La entidad revisora estableció que hubo incumplimientos “graves” de ambas compañías para la mantención de las áreas verdes comunales “sin que el municipio de Ñuñoa dispusiera poner término anticipado a los contratos suscritos con dichas empresas”.

La Contraloría no solo acreditó la falta de multas a Soloverde, sino que GAMC carecía “de autorización sanitaria para realizar tratamientos con productos plaguicidas”. Ello se suma que “la documentación de los vehículos (estaba) vencida, (…) ausencia de acreditación de la propiedad de los vehículos; falta de maquinaria ofertada”, entre otros. De hecho, se advierte en el informe, que se devolvieron a la empresa más de $ 24 millones, sin que existiera una fundamentación adecuada del porqué.

A reglón seguido, el órgano de control administrativo advirtió que la Municipalidad de Ñuñoa se vio expuesta a cobros de empresas de factoring, ya que las firmas investigadas cedían las facturas que debían emitir a la sede comunal, para conseguir liquidez.

Los fiscalizadores descubrieron también que el exdirector jurídico de Ñuñoa, Ludwig Bornand Manaka fue, al mismo tiempo, abogado de GAMC. En esa calidad, intervino en un recurso interpuesto por la firma citada ante el municipio para la rebaja de multas, vulnerando el “deber de abstención que impone el principio de probidad administrativa”. Por esta razón, la Contraloría ordenó que el municipio denuncie el hecho ante el Ministerio Público. De acuerdo al informe, el alcalde Andrés Zarhi hizo lo propio ante el organismo perseguidor.