El presidente de las universidades del G9 espera que el plan especial de fiscalización impulsado por la Superintendencia de Educación Superior, contribuya a mejorar la calidad de los contenidos que se están entregando en medio de la pandemia. Su par de la Corporación de Universidades Privadas, en tanto, pidió considerar la medida como una marcha blanca y espera que el ranking que haga el organismo, no estigmatice a las instituciones.
Esto luego de que el lunes pasado, la superintendencia oficiara a todas las instituciones de educación superior de la implementación de un plan especial de fiscalización, debido a los cambios que ha experimentado el funcionamiento del sistema por la emergencia sanitaria y que ha llevado a los planteles a adecuarse a la enseñanza a distancia.
El documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, señala que las instituciones serán seleccionadas según el cumplimiento de ciertos criterios, donde un 20% corresponderá al envío oportuno de la información solicitada por la superintendencia el 16 de marzo pasado, respecto de las medidas implementadas por los planteles para dar continuidad al servicio académico.
El otro 80%, saldrá de la gestión de las instituciones para resolver los conflictos internos, considerando los reclamos y denuncias realizadas ante el propio organismo, como también ante el Servicio Nacional del Consumidor.
El presidente de las universidades que conforman el G9 y rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, señaló que la fiscalización no los toma por sorpresa y espera que este proceso ayude a mejorar la calidad del sistema, en medio de la pandemia.
Obtenida la información, la superintendencia hará un ránking de los planteles, seleccionando a las 45 instituciones de educación superior -15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica- con peor promedio.
El rector de la Universidad Bernardo O´Higgins y presidente de la Corporación de Universidad Privadas, Claudio Ruff, espera que la medida se implemente como marcha blanca y no se estigmatice a las instituciones.
Las universidades, IP y CFT deberán cumplir como mínimo, con un 80 por ciento del programa de fiscalización de la superintendencia, que consta de 16 temáticas. Quienes logren, entre el 50 a 80 por ciento, se les oficiará para que lleguen al piso mínimo. De no hacerlo en el plazo que fijará la superintendencia, se arriesgan a una amonestación y multa; al igual que las instituciones que obtengan menos del 50 por ciento de logro.
