Más de 80 integrantes del Partido Socialista emitieron una declaración en que advierten que la actual crisis social que vive el país y que se ha prolongado ya por más de un mes puede derivar en un peligro para los fundamentos de la “vida democrática” chilena.
“Es nuestro deber oponer razones y argumentos frente a esta dañina perspectiva que corroe los fundamentos de la vida democrática y facilita salidas de fuerza hacia aventuras autoritarias y peligrosos populismos”, indicaron los militantes.
Entre los firmantes se incluye el senador José Miguel Insulza, exsenador Ricardo Núñez, el diputado Raúl Saldívar Auger, el exministro José Antonio Viera Gallo, el exsubsecretario de Economía Alvaro Briones Ramírez, entre otros.
Acusaron la presencia de minorías que aprovechan las causas de las protestas para dedicarse “a ciega destrucción, al vandalismo y al pillaje. En estas minorías coexisten lumpen y sectores marginados, bandas criminales ligadas principalmente al narcotráfico, y grupos extremistas y antisistémicos, altamente ideologizados y organizados en torno a un único objetivo: destruir las instituciones públicas y privadas y arrasar con el Estado de derecho y la democracia chilena”.
Apuntaron a estos grupos como responsables de dañar e incendiar cientos de edificios públicos y privados, “perjudicando a los millones de chilenos que día a día trabajan y necesitan de estos servicios”, incluyendo las estaciones del Metro de santiago, municipios, iglesias, universidades, escuelas, e infraestructura pública como los semáforos.
“La izquierda democrática debe emprender una decidida batalla ideológica, cultural y política contra esta amenaza que puede pavimentar el camino a una respuesta de toda otra índole: la instauración por las armas de un régimen dictatorial que ‘pacifique’ un Chile arrasado e inerme ante una guerra alimentada por los dos extremos del espectro político”, sostuvieron.
Junto con expresar su apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y a los efectivos de Carabineros que se han visto sobrepasados por la situación, respaldaron el acuerdo que traza la ruta hacia una nueva constitución, calificándolo como “una respuesta viable y democrática al evidente clamor ciudadano que exigía un pacto social que inaugurase una nueva época para Chile”.
“Es un buen marco que, acompañado de profundas reformas sociales y económicas, finalmente deberá otorgar justicia, mayor igualdad y oportunidades, ayudando a quienes necesitan la presencia de un Estado solidario, de bienestar y seguridad social”, argumentaron.
Destacaron que “fue un acuerdo que significó ceder en posiciones ideológicas por las partes adversarias. La UDI aceptó sepultar la Constitución ideada en dictadura por su fundador, y partidos del Frente Amplio desecharon la postura del todo o nada”.
Revisa aquí la declaración completa: